Jorge Loáisiga [email protected]
Álvaro Somoza Urcuyo, hijo de Isabel Urcuyo Rodríguez, viuda de Luis Somoza, presentó a LA PRENSA parte de las acciones originales de la Compañía Nacional Productora de Cemento, (Canal), con timbre fiscal de 1960, para demostrar que las acciones de la Cementera nunca fueron confiscadas.
Somoza es el apoderado generalísimo de su madre, presidenta de una junta directiva de la Cementera, creada en un juzgado de Managua en el 2001, defendió la sentencia que el Tribunal de Apelaciones de Managua emitió para que se nombre un interventor judicial para la administración de la Cementera y cuestionó al procurador Alberto Novoa por incoherente en sus planteamientos.
FUERON CONFISCADOS
Novoa dijo que las acciones que andan los Somoza quedaron sin valor desde marzo de 1986 con la publicación de la Ley empresas de la Corporación Industrial del Pueblo (Coip).
“Esa ley dice en su artículo 35, que se declara que la confiscación de las acciones tuvo como efecto la cancelación legal de las mismas, en consecuencia se faculta al Ministerio de Industria a emitir, sin otro trámite, las nuevas acciones de cada empresa a nombre de la Corporación Industrial del Pueblo o de cualquier otra entidad que se creare. Por ese mandato estaban canceladas las acciones. Lo que ellos andan son las acciones originales que quedaron sin efecto porque fueron confiscadas por el decreto tres de 1979, que ordenaba la confiscación de todos los bienes de los Somoza y sus allegados y por esa ley que mandaba a cancelarla”, aseguró Novoa.
¿Cómo nos iban a confiscar las acciones si las teníamos nosotros?, se preguntó Somoza al mismo tiempo que mostraba las acciones.
“Pero eso no es todo, el 30 de agosto del año 2002, la secretaria ejecutiva de la Procuraduría General de la República, Diana Avendaña Soza, nos entregó una certificación donde dice que no encontró el acta de confiscación del 20 de julio de 1979 de la Compañía Nacional Productora de Cemento”, aseguró Somoza.
LA PRENSA verificó que entre la documentación que está en el expediente de la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones (CNRC), referido al caso de la Cementera, se encuentra una certificación de la misma Procuraduría General de la República (PGR) que señala que no existe en el archivo y tarjetas de control de confiscados el acta de confiscación de la Cementera con fecha 1979.
La misma certificación indica que el acta 3355 del tomo VII de los archivos de la PGR fue elaborada el 14 de noviembre de 1994 y no el 20 de julio de 1979, como legalmente debió ser. Dicha certificación fue extendida el 30 de agosto del 2002 por la entonces secretaria ejecutiva de la PGR, Diana Avendaña.
“El acta de confiscación no existió. No existe. No es verdad, no hay. Inventaron eso (el acta de 1994) para poder emitir nuevas acciones de la Cementera, que son en las que supuestamente don Chéster Noguera se está asentando”, expresó Somoza.
BATALLA LEGAL
En el caso de la Cementera, la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones emitió una resolución ordenando la devolución de la empresa a sus antiguos dueños (los Somoza). El Gobierno anuló esa resolución. Luego la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reconoció como válida la resolución que ordenaba la devolución. En otro juicio, que no ha empezado, los Somoza pidieron la intervención judicial. El juez a cargo declaró nula la solicitud. El Tribunal de Apelaciones de Managua ordenó esta semana al juez que continuara el trámite para el nombramiento del interventor judicial.
