- Presidentes de la región, EE.UU., México, Panamá, Belice y República Dominicana, le dieron su apoyo
- Pero CSJ y parlamento presionan contra el mandatario y funcionarios
Luis Felipe Palacios,Jorge Loáisiga Mayorga yMaría José [email protected]
Durante la XXVI Asamblea Ordinaria del Sistema de Integración Centroamericana (Sica), los mandatarios del istmo hicieron un “llamado al cese (de) cualquier tipo de acción motivada políticamente dirigida a destituir al presidente Enrique Bolaños, a desestabilizar a su Gobierno constitucional, o a impedir la libre participación en los procesos electorales futuros”.
Incluso, los jefes de Estado advirtieron que “no reconocerán a ningún Gobierno surgido de alteraciones al orden constitucional democrático”.
Por su parte el presidente Enrique Bolaños anotó que detrás de la decisión del FSLN y PLC, de crear una comisión especial en la Asamblea Nacional para impulsar su posible destitución, se esconde una trama política de ambos partidos para sentarlo en el diálogo tripartito, con las condiciones que impongan.
A juicio del mandatario, la estrategia libero-sandinista es vender ante el delegado de la OEA que se encuentra en el país, Dante Caputo, que están dispuestos a “hacer la primera concesión” en pro del fracasado diálogo.
“Ves, te voy a conceder, que no voy a hacer tal cosa”, dijo Bolaños ayer en Tegucigalpa, Honduras, donde los presidentes de la región más Estados Unidos, México, Panamá, Belice y República Dominicana, dieron su apoyo al mandatario nicaragüense.
SIGUE LA GUERRA
Mientras tanto, ayer la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó el recurso de amparo contra el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez y la Fiscal Electoral, Blanca Salgado, quienes introdujeron en el 2003 una acusación por supuestos delitos electorales contra funcionarios del Gobierno.
La CSJ notificó de la sentencia al Juzgado Primero de Distrito del Crimen de Managua, donde está radicada la causa de los delitos electorales, “para que pueda continuar el proceso”.
El recurso de amparo interpuesto por seis de los acusados, entre ellos Mario Salvo, Miguel Ángel García, el ex director general de Aduanas, Fausto Carcabelos y el ministro del Ambiente y Recursos Naturales, Arturo Harding, incluía entre sus argumentos que la Fiscalía no tenía facultades para acusar y que el fiscal Centeno no tenía potestad para nombrar a un fiscal especial para el caso.
“Esta Sala considera que el doctor Centeno Gómez actuó de conformidad con la Ley Orgánica, creadora del Ministerio Público, la que le otorga todas las facultades necesarias para dictar los Acuerdos recurridos y por ende, no se está arrogando ninguna función fuera de la ley. Cuando se dictó la Ley Electoral, sólo existía la Procuraduría General de Justicia y el doctor Centeno Gómez asumía ambas funciones; en consecuencia no es que se reforme la Ley Electoral con la Ley Creadora del Ministerio Público, sino que sencillamente la Ley del Ministerio Público le da esa facultad específica al Fiscal General; en todo caso si los recurrentes hubieren tenido a bien que se trataba de un recurso por inconstitucionalidad por existir un roce entre ambas leyes, debieron de haberlo planteado de esa manera y no a través de un recurso de amparo”, dice parte de la sentencia firmada por los magistrados Francisco Rosales, Guillermo Selva, Rafael Solís, Dámisis Sirias y Róger Argüello Rivas.
LEGISLATIVO BELIGERANTE
En una reunión extraordinaria, la junta directiva de la Asamblea Nacional integró ayer dos comisiones especiales para analizar el desafuero del presidente Enrique Bolaños y otros funcionarios, señalados por presuntos delitos electorales.
Sin embargo, no incluyeron en esa lista a diputados involucrados en ese caso, en su mayoría miembros del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), como Wilfredo Navarro y al vicepresidente José Rizo Castellón.
Ambas comisiones realizaron por separado ayer una sesión informativa para conocer los expedientes de los señalados.
La comisión que analiza el desafuero de Bolaños, la integran los parlamentarios Mirna Rosales (quien la preside), Iris Montenegro, Orlando Tardencilla, Noel Pereira Majano y María Auxiliadora Alemán.
La otra comisión que analizará el caso de los funcionarios públicos, la integran: Lilliam Morales Tábora, Carlos Gadea, Nathán Sevilla, Alba Palacios y Alfredo Gómez.
Ellos deberán determinar si a Arturo Harding Lacayo, Mario Salvo, Leonardo Somarriba González, Fausto Carcabelos, Julio Vega, Vilma Rosa León York, y Miguel Ángel García, los despojan de su inmunidad, para que respondan a los cargos.
En torno a la formación de las comisiones, el diputado Azul y Blanco, Orlando Tardencilla, comentó: “Definitivamente, la formación de comisiones de desaforación, lo que apuntan es a echarle un poquito más de gasolina a un fuego que comienza a encenderse, y que cuidado después no vamos a poder controlar”.
La diputada liberal María Eugenia Sequeira observó que la conformación de las comisiones es parte del trabajo del Legislativo, aunque espera que su partido no contribuya a romper el orden constitucional, al desaforar al mandatario.
CITAN A DIPUTADOS
Por otra parte, ayer, la oficina de Auxilio Judicial de la Policía Nacional citó a los diputados Bayardo Arce, Edwin Castro, Iris Montenegro, Nathán Sevilla, María Auxiliadora Alemán, Wálmaro Gutiérrez, Enrique Quiñónez, Ritha Fletes, Orlando Mayorga, María Haydée Osuna, Lilliam Morales Tábora, Irma Dávila y José Figueroa, en relación a los recientes incidentes en Telcor.
El jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, comisionado Alonso Sevilla, confirmó que la denuncia la presentó Víctor Manuel Gómez Vanegas, asesor legal de Telcor, pero lo hizo en su carácter personal.
Los delitos por los cuales denuncia a los diputados, son: usurpación del dominio público y desobediencia a la Constitución.
Fausto Carcabelos, uno de los procesados en el caso de los delitos electorales y actual viceministro de Hacienda, dijo a LA PRENSA que no ha sido notificado de la sentencia de la Corte Suprema, pero calificó la misma como una maniobra política para meter en miedo al presidente Bolaños y a sus funcionarios.
LA PRENSA también intentó obtener la versión del ministrop de Educación, Miguel Ángel García, pero éste se encuentra en Costa Rica.
MANDATARIO MINIMIZA
El presidente Enrique Bolaños minimizó ayer la integración de una comisión en el parlamento, que estudiará su eventual desafuero.
“Quizás ésta sea la cuarta o quinta vez que la Asamblea o los partidos mayoritarios han intentado eso, la última vez fue en agosto pasado”, afirmó.
En agosto pasado llegó a Nicaragua una comisión de la OEA, “investigó y vio que no existe ninguna justificación para tratar de hacer eso (el desafuero) y con su dictamen se paró” el intento, dijo.
“Es un problema que nace con la lucha contra la corrupción”, agregó.
“DESAFUERO”
La Corte Suprema rechaza el amparo mío y de mis compañeros de Gabinete, y qué curioso y qué conveniente, justamente hoy, la Asamblea Nacional ha decidido mandar a comisión las solicitudes de desafuero nuestras”, señaló Fausto Carcabelos.
