- Finca de los Somoza ahora es reclamada por el Estado, la Alcaldía y dos grupos de campesinos
José Adán [email protected]
En un verdadero lío jurídico se ha convertido una parcela de tierra que supuestamente perteneció a la familia de la dinastía Somoza, pero que ahora reclaman para sí, el Estado de Nicaragua, la Alcaldía de San Marcos y dos grupos campesinos que han ocupado en distintos momentos la propiedad.
La parcela de 79 manzanas de tierra, ubicada en la zona suroeste del municipio de San Marcos, Carazo, supuestamente se desmembró de una finca matriz llamada El Porvenir, ex propiedad de los Somoza y confiscada por el Gobierno sandinista en julio de 1979, a raíz del triunfo de la Revolución sandinista.
Según Francisco Blanco Espinoza, él y 19 familias más que no tenían tierras, se posesionaron en 1998 del lugar que se mantenía abandonado, con permiso de las Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap). Y desde entonces lo sembraron y ocuparon hasta que en el 2004 apareció una persona de nombre Francisco Navarro, reclamando como suya la propiedad.
Navarro reclamaba la propiedad en base a una minuta descriptiva y la escritura número 71 del anterior alcalde de San Marcos, Alberto Reyes, en la cual supuestamente se “dona de manera gratuita e irrevocable” la propiedad, a 19 familias de supuestos Combatientes Históricos del Frente Sandinista.
Ambos reclamantes de tierra se fueron a diversos juicios en los juzgados locales y de Distritos de San Marcos y Carazo, y ambos aseguran tener sentencias a su favor en la posesión y dominio de la propiedad.
No obstante, sin haber terminado el juicio, una juez de Diriamba ordenó el pasado 31 de mayo, el desalojo de los colonos que supuestamente habían recibido el contrato de arriendo con opción a compra de la Cornap.
Según Francisco Navarro, quien ocupa la propiedad gracias a la sentencia de una Juez Local, la propiedad nunca ha sido del Estado y el señalamiento de que supuestamente perteneció a los Somoza “es falso”.
Sus oponentes reclaman lo contrario y señalan a la anterior Alcaldía de haberse confabulado para estafar al Estado con fines nada claros todavía, razón por la cual pidieron la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR).
Esta institución estatal, que actúa como abogado oficial del Estado, se personó en el caso por medio de la procuradora especial del Sur, Raquel Carolina Ibarra, quien reclamó la propiedad en nombre del Estado de Nicaragua.
