Marcela Sánchez
El 25 de noviembre del 2003, más de 800 miembros del Bloque Cacique Nutibara, de Medellín, Colombia, se convirtieron en los primeros combatientes paramilitares en entregar sus armas. Hasta la semana pasada, 5,264 de estos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia habían hecho lo mismo como parte del esfuerzo del presidente Álvaro Uribe de desmovilizar a los combatientes de la derecha, en el conflicto colombiano de décadas.
Desde el principio, el proceso de Uribe ha sido duramente criticado. Muchos en Colombia y otras partes han cuestionado la real importancia que pueda tener desarmar a los combatientes y al mismo tiempo dejar intactas otras estructuras criminales y financieras de los paramilitares. Escépticos en el Congreso estadounidense han amenazado con retirar su apoyo si Uribe no exige un completo desmantelamiento de las estructuras paramilitares, una plena revelación de lo que saben y una plena confesión de sus delitos.
Liderados por Patrick Leahy, de Vermont, líder demócrata del Subcomité de Asignaciones para programas internacionales, seis senadores demócratas argüían en una carta enviada a Uribe a comienzos de mes, que “los términos de esta desmovilización podrían tener un impacto muy negativo en la paz, la justicia y el Estado de Derecho en Colombia al igual que en la lucha contra las drogas y el terrorismo”. Gastón Chillier, de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, lo sintetiza mejor cuando afirma que democracias construidas sobre la impunidad son “democracias con pie de barro”.
Pero las ganancias ya alcanzadas con el desarme no pueden ser eclipsadas por la severidad de estas demandas, particularmente cuando el proceso de desmovilización puede estar generando algunos de los cambios más notables en la larga historia de violencia en Colombia. En Medellín, donde hasta hace dos años el Bloque Cacique Nutibara estaba involucrado en una brutal guerra territorial contra otras pandillas urbanas juveniles, se está revelando ahora una historia extraordinaria.
Desde el 2002 los asesinatos en Medellín han caído en un 68 por ciento. Otrora una de las ciudades más peligrosas del mundo, su tasa de homicidios hoy está por debajo de la de Baltimore, Detroit y Washington D.C. De los desmovilizados inicialmente, casi 700 han estado recibiendo una mesada mientras se educan, la mayoría en primaria y secundaria, aunque algunos toman ya clases en Derecho, Psicología, Diseño Gráfico.
Lo que este tipo de cambio significa se entiende mejor cuando se es testigo de la situación desesperada de aquellos jóvenes en el frente de batalla —los primeros influenciados por la desmovilización.
La Sierra, un nuevo documental proyectado aquí y en Nueva York este mes, le da al espectador un vistazo íntimo a esa desesperanza. El documental de Scott Dalton y Margarita Martínez, que lleva el nombre de un barrio en las afueras de Medellín, sigue la vida de tres de sus residentes en medio de las despiadadas guerras territoriales durante el año previo a la desmovilización. La pandilla de su barrio, apoyada por los paramilitares de derecha, combate y finalmente derrota a una pandilla afiliada con guerrillas de izquierda, sólo para terminar absorbida por el Bloque Cacique Nutibara.
Los tres viven, aman y sueñan en un ambiente donde la violencia es lo único constante. Sorprende su decencia y lo absurdo de tener sueños y hacer planes en medio de tal indigencia. Especialmente revelador es ver a Edison —quien a los 22 años es un carismático pero calculador líder pandillero y comandante paramilitar— hablar sobre su sueño de convertirse en ingeniero civil. Imagina por un momento lo que sería ser un hombre educado, que lleva servicios y asistencia a su comunidad, ya sin la necesidad de dedicar su vida a defenderla violentamente. El fallecimiento de Edison no sorprende, pero ahora sus camaradas, un año más tarde, están teniendo la misma oportunidad con la que él soñó.
No hay duda de que la paz recién descubierta en Medellín es frágil. El control continúa en manos de ex paramilitares que ahora portan radios para cooperar con las autoridades locales. Es un experimento arriesgado, pero es “una opción de paz”, dijo Dalton, quien ha cubierto Colombia por cinco años como fotógrafo y cineasta independiente.
Gustavo Villegas, director de Paz y Reconciliación en la alcaldía de Medellín, relata una historia reveladora de un ex miembro del Cacique Nutibara. El joven estaba faltando a las clases que recibía como resultado de su desmovilización. Al pedirle que explicara sus razones, dijo que cada mañana, en camino a la escuela, se topaba con la madre de una de sus víctimas y no podía aguantar el sentimiento de culpa. Villegas preparó un encuentro entre el asesino y la madre y le dio al joven la oportunidad de reconocer su crimen. Ella lo perdonó y le agradeció por haber escogido un nuevo camino distinto a la violencia.
Si bien sería ingenuo pensar que Medellín ha visto el fin de la violencia, también lo sería esperar que la paz en Colombia se alcance tras una sola gran victoria. El recorrido estará pavimentado por miles de pequeñas victorias como ésta.
Pero las ganancias ya alcanzadas con el desarme no pueden ser eclipsadas por la severidad de estas demandas, particularmente cuando el proceso de desmovilización puede estar generando algunos de los cambios más notables en la larga historia de violencia en Colombia. En Medellín, donde hasta hace dos años el Bloque Cacique Nutibara estaba involucrado en una brutal guerra territorial contra otras pandillas urbanas juveniles, se está revelando ahora una historia extraordinaria.
