Mirna Velásquez [email protected]
La empresa Oficinas y Comercio Sociedad Anónima (Oficosa) demandó al Estado de Nicaragua para que, por la vía judicial, entregue el edificio sede de la Procuraduría General de la República (PGR), petición a la que se opone el procurador Alberto Novoa.
Mediante una acción judicial, la sociedad pide que la PGR desocupe el edificio ubicado en Managua, detrás del restaurante Los Ranchos.
La demanda fue introducida ante el Juzgado Quinto Civil de Distrito de Managua, por el abogado Francisco Javier Barberena Meza. El argumento es el incumplimiento de la firma de un contrato de arriendo de parte de las autoridades de la Procuraduría con esa empresa.
El procurador Alberto Novoa sostuvo que se opondrán legalmente y demostrarán en el juicio que la propiedad fue comprada entre 1985 ó 1986.
“Nosotros vamos a defender esa propiedad, no solamente porque el Estado ya la pagó, sino porque se ha invertido mucho dinero en ella. No vamos a permitir que con acciones amañadas vayan a despojar al Estado de un bien que ya adquirió legítimamente”, afirmó Novoa.
El abogado, en cambio, alega que la sociedad suscribió un acuerdo para la firma de un contrato y que en representación del Estado participó el subprocurador Víctor Manuel Talavera, el asesor presidencial Fernando Zelaya y Zoyla Buitrago.
El contrato, supuestamente, sería firmado el 23 de diciembre de 2004, pero el procurador Novoa se negó a hacerlo en aquel momento, porque revisaría antes los términos.
El problema, según explicó el funcionario, es que la propiedad no fue inscrita, pero las cuotas fueron pagadas.
“El Estado pagó pero nunca inscribió la propiedad a su favor, pero sí tenemos datos y vamos a hacer investigaciones que ese monto por el cual se especificó la venta fue cancelado. Por un olvido, por lo que sea y que no se inscribiera a favor del Estado, él no va a reclamar esa propiedad”, advirtió Novoa.
