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Un llamado a entregar los fusiles de guerra y otras armas consideradas restringidas, que estén en manos de civiles, hizo ayer el jefe del Distrito Cinco de la Policía, comisionado Javier Obando.
El funcionario policial indicó que durante este período también las personas que posean sus armas de forma ilegal y que ameriten portación, deben hacer esa gestión a la mayor brevedad posible.
Entre el jueves y el viernes, dos personas entregaron voluntariamente dos fusiles AK y más de 500 proyectiles a granel. Uno de los propietarios de los fusiles procede de la Carretera Sur y pidió a las autoridades el anonimato.
El otro dijo ser un desmovilizado del Ejército, habitante del barrio Riguero, quien entregó el arma de forma voluntaria.
El período de gracia establecido por la Ley 510, Ley Especial para el Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, vence el 25 de agosto.
Después de esa fecha, aseguró el comisionado Obando, la misma será aplicada y contempla desde multas hasta la cárcel.
A la fecha, ese Distrito ha recuperado siete armas de fuego, las cuales sus dueños las tenían de forma ilegal.
En cada Distrito policial ya fue nombrado el jefe de la sección de armas, y en el caso del Distrito Cinco de la Policía, fue nombrado el inspector Cristóbal Mendoza, quien recordó que las armas restringidas son de uso de la Policía Nacional y del Ejército.
Mendoza aseguró que en el caso de las armas restringidas, si la persona no puede acudir personalmente a la Estación policial, puede reportar su dirección a esa sección del Distrito, y que ellos acudirán a recoger el arma.
TRÁMITE SENCILLO
Obando aseguró que el trámite de la portación de las armas de fuego de uso por los civiles, es sencillo y rápido.
El funcionario aconsejó a los propietarios de armas de fuego, que se acerquen a las instalaciones de ese Distrito policial a gestionar la portación de las mismas.
El costo del trámite de la portación es de 100 córdobas, es válida por cinco años, y su entrega tan sólo tarda 72 horas.
El propietario de un arma de fuego de uso civil, debe presentar la factura, en caso de que sea nueva y recién adquirida. En caso se trata de un arma de fuego antigua, debe efectuar una declaración jurada ante notario público.
Todo dueño de arma deberá pasar una prueba de actitud, y no debe poseer antecedentes delictivos. Dentro de la lista de las armas de fuego de uso civil, están: las escopetas, rifles 22, pistolas y revólveres.
Mientras que son consideradas armas restringidas cualquier tipo de armas con selector o que posea capacidad de disparar en ráfaga, fusiles que posean la característica para lanzar granadas explosivas, así como armamento de artillería y armas de fuego enmascaradas (hechizas y avancargas).
Actualmente la Policía Nacional ejecuta la segunda fase del plan para recuperar las armas restringidas en todo el país.
Quienes no cumplan con lo estipulado con la Ley 510, inmediatamente caen en la comisión de un delito.
La ley establece penas de dos a seis meses de prisión para quienes poseen armas de forma ilegal; de uno a tres años de prisión para la portación y uso ilegal; así como de 10 a 12 años para el tráfico ilícito.
La Policía tiene registradas 100 mil armas, y según estudios centroamericanos, por cada arma legal existe un arma ilegal como mínimo.
OTRAS OCUPACIONES
La Policía Nacional reportó los resultados del plan en otras localidades del país como Carazo, donde recuperaron en la presente semana un revólver, dos rifles calibre 22 y una escopeta calibre 12, por no portar sus propietarios los documentos actualizados.
En Matagalpa fue ocupado un rifle calibre 22, dos pistolas de distintos calibres, tres revólveres, dos de los cuales son calibre 38 y uno calibre 32.
