- Fiscalía ordena archivar caso por falta de méritos
José Adán Silva y Elizabeth [email protected]
El expediente policial 0255-05 ha muerto. Terminó su corta vida de menos de 48 horas, con una orden que salió escrita desde una oficina de la Fiscalía: “Se ordena archivo fiscal por falta de mérito”.
Así terminó la detención de 30, de un total de 37 estudiantes universitarios, a quienes la Policía Nacional detuvo el pasado jueves 16 de junio, ocultos en un camión en el que transportaban, aparte de libros y cuadernos, morteros y tubos lanzamorteros.
La liberación de los estudiantes se ordenó en dos tantos: a seis de ellos, por ser menores de edad (menos de 18 años) y 24 a quienes, según la Fiscalía, no se les encontraron méritos para ser acusados.
La fiscal Odett Leytón Delgado, de la Unidad Especializada de Niñez y Adolescencia del Ministerio Público, mandó un informe a la capitana de Policía, Farle Roa Traña, jefa del Departamento de Drogas de la Dirección de Auxilio Judicial, para que pusiese en libertad a seis estudiantes cuyas edades oscilan entre 16 y 17 años.
A ellos se les había vencido el término de 24 horas que establece el Código de la Niñez y Adolescencia para presentar a los menores ante un juez competente después de haber sido detenidos.
Por la tarde, el fiscal auxiliar José Arnulfo López Cruz, ordenó a la Policía que dejara en libertad a 24 estudiantes más, a quienes la Dirección de Auxilio Judicial imputaba los delitos de portación y uso ilegal de armas de fuego, atentar contra la autoridad y sus agentes, en perjuicio de la sociedad nicaragüense.
“Dadas las circunstancias antes mencionadas, el Ministerio Público no tiene elementos de prueba de cargo suficientes para demostrar la comisión de un delito por parte de los imputados. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público, habiendo revisado los resultados de la investigación, el suscrito resuelve archivar por falta de mérito las presentes diligencias, de la presente resolución”, dice parte del texto del fiscal López Cruz, quien ordena la libertad de los 24 estudiantes “a lo inmediato, dado que no se ejercerá la acción penal por el Ministerio Público”.
Según el jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, comisionado Alonso Sevilla, recibieron una notificación de la Fiscalía para acusar en los Juzgados, a seis de los 36 detenidos, cuyos nombres no fueron revelados.
CUADERNOS Y MORTEROS
La detención de los estudiantes se realizó el pasado 16 de junio, cuando los universitarios salían del plantón de la Avenida Universitaria, donde permanecieron más de cinco horas impidiendo el paso de personas que se disponían a participar en la marcha contra el pacto.
Oficiales de Regulación de Tránsito hicieron alto al conductor del camión placas 254-794 en los semáforos de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel), después que éste realizó una mala maniobra.
El conductor circulaba sin licencia y con una boleta. Al requisar el vehículo, descubrieron a 36 jóvenes que se dirigían a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).
Los jóvenes fueron trasladados inmediatamente a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), y se inició un proceso de investigación por la posesión de morteros y tubos lanzamorteros, que están prohibidos por la Ley 510, Ley Especial para el Control y Regulación de Armas de Fuego, Explosivos y Otros Materiales Relacionados.
El segundo jefe de la Policía de Managua, comisionado mayor Julio González Aguirre, expresó ese día que los detenidos declararon que el presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), Jásser Martínez, los había convocado “para hacer una presión fuerte sobre los manifestantes” en la multitudinaria marcha convocada contra el pacto libero-sandinista.
Martínez, presidente de UNEN y ficha de menor rango en las estructuras del Frente Sandinista, había expresado un día antes de esa marcha, que los estudiantes saldrían a “defender” la Avenida Universitaria, ya que los organizadores de la marcha pensaban partir del sitio donde los estudiantes tradicionalmente libran sus alborotos en pos de conseguir cada año más dinero estatal.
PEQUEÑO ARSENAL
A los estudiantes se les requisó el día de su captura, un total de 19 tubos lanzamorteros y 137 cartuchos de pólvora.
Si bien los artefactos y los cartuchos son de manufactura artesanal, los mismos son altamente peligrosos y ya han cobrado víctimas mortales y heridos graves.
A inicios de este año, un policía perdió el ojo cuando un mortero lanzado por un estudiante le estalló cerca de la cara en la Avenida Universitaria.
A otro policía, este mismo año, un mortero le explotó en el pecho y le provocó lesiones y quemaduras.
Hace dos años un policía murió desangrado en Jinotepe, luego que un mortero lanzado por estudiantes que protestaban por un incremento en el presupuesto universitario, le explotó a la altura de la pelvis y le rompió la vena aorta.
Hasta la fecha no ha habido un solo estudiante enjuiciado por estos hechos.
