Bayardo Quinto Núñez
En definitiva es más que bueno que la OEA viniera a observar el conflicto institucional que actualmente se tienen el Poder Ejecutivo contra el Poder Legislativo. Empero, la OEA sabe perfectamente que no puede venir a imponer el interés imperial sobre la identidad legítima constituida. Hay que recordar que los poderes del Estado son independientes entre sí, es decir, cada quien tiene sus propias funciones y atribuciones.
La crisis actual es el resultado de la política de deslegitimar a la ley vigente y pretender vietnamizar el conflicto. El hecho que la OEA se traslade a Nicaragua para indagar sobre la crisis anárquica que ha generado la desobediencia a la ley constitucional vigente no significa que pueden intervenir en los asuntos internos de la legalidad de la República.
Se debe estar bien claro que el actual Presidente de la República es el que no quiere cumplir con lo mandado en la Constitución y sus reformas aprobadas, publicadas y vigentes. Con ello existe una clara evidencia de donde proviene el foco de descomposición a la luz de la legalidad, porque a la luz de lo político el señor Presidente lo que pretende con sofismas políticos es introducir elementos distractores a la parte sustancial legal del país.
Si existe una ley en plena vigencia sea buena o mala por determinadas razones de procedimientos, etc., pero está vigente como Ley de la República, es condición “sine qua non” respetarla y el poder encargado de hacerla cumplir tiene la obligación que se cumpla, pero nunca incitar a que se desobedezca, máximo cuando se trata de preceptos constitucionales o incluso cualquier otra ley.
