Alejandro Reyes Hernández
Nicaragua está inmersa en una grave crisis institucional cuyos efectos son impredecibles. Lo más seguro es que haya daños en la endeble economía nacional.
Considero que sí hay solución a esta crisis. Sólo se necesita una buena dosis de sentido común y respetar las leyes del país. La solución no está en la OEA ni en la Corte Centroamericana de Justicia ni en la Naciones Unidas ni en el Parlacen ni en la Iglesia Católica. La solución siempre ha estado plasmada en la Constitución Política de la República de Nicaragua.
Los representantes de los cuatro poderes que conforman la República de Nicaragua han jurado solemnemente obedecer la Constitución Política como Carta Magna que rige a toda la nación. La ciudadanía sólo espera que hagan valer este juramento. El artículo 129 es bien claro y ahí se encuentra la clave de este nudo gordiano: “Los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral son independiente entre sí y se coordinan armónicamente a los intereses supremos de la nación y a lo establecido en la presente Constitución”.
Todo esto significa que ningún poder del Estado puede atropellar o violentar a otro poder. Cualquier ley o decreto que afecte a otro poder debe de hacerse en armonía. Por lo tanto, la relación entre los poderes debe de ser de doble vía, ninguno debe de entrometerse en el ámbito de otro poder si no es con su consentimiento.
Si los cuatro poderes del Estado actuaran con este espíritu constitucional, ahorraríamos al país pasar de una crisis a otra. El problema es que los intereses supremos de la nación de los que habla el artículo 129 son pisoteados por los políticos, sin importar que este sea el primero y supremo artículo en la organización del Estado y esté de primero en los principios generales. Los demás artículos se derivan de éste.
Finalmente, quisiera dar un ejemplo de los cambios constitucionales: la Asamblea Nacional tiene la potestad de cambiar los símbolos patrios (la bandera, el escudo y el himno nacional). Pueden hacer perfectamente algunas disposiciones constitucionales e incluso es posible que la Corte Suprema de Justicia diga que el cambio es constitucional. La pregunta del millón es si la ciudadanía, los soldados y la Policía van aceptar dichos cambios.
El presidente Bolaños y un buen número de diputados cesan sus funciones en 17 meses, pero nuestra patria, Nicaragua, siempre estará ahí. Hagamos algo por ella.
