- Fallo de la Corte Suprema permitirá juzgar a militares violadores de derechos humanos
AP
BUENOS AIRES.- La Corte Suprema argentina declaró el martes que son inconstitucionales dos leyes sancionadas en la década de 1980 que beneficiaron a militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de 1976 a 1983.
Por siete votos a favor, uno en contra y una abstención, los miembros de la Corte resolvieron la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que en 1986 y 1987 interrumpieron los procesos judiciales contra militares, policías y civiles acusados de desapariciones, torturas y otros crímenes de lesa humanidad, confirmó a la AP Albino Gómez, portavoz del máximo tribunal.
Esto implica que unos 3,000 militares, de los cuales alrededor del 10% permanece en actividad, podrían ser citados por la justicia y que muchos de ellos podrían quedar eventualmente detenidos.
"El fallo de la Corte nos devuelve la fe en la justicia… es un grito de aire fresco que significa que la impunidad se va a terminar", dijo el presidente Néstor Kirchner durante un acto en la provincia de Córdoba.
Por su parte, el jefe del Ejército, teniente general Roberto Bendini, aseguró que "en el Ejército sabemos que éste es el paso inicial para el inicio del camino del reencuentro tan ansiado de todos los argentinos".
El máximo tribunal consideró que ambas leyes son contrarias a normas internacionales que hoy tienen jerarquía constitucional y siguiendo los lineamientos fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según consta en el fallo.
Los jueces expresaron además que el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, que no son susceptibles de ser amnistiados.
"No pueden imaginar la emoción tan grande que tengo, pensar las veces que hemos venido acá a reclamar, a exigir, a pedir y ahora venimos a aplaudir", festejó entre lágrimas Tati Almeida, del grupo de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, ante el edificio de tribunales.
"Había muchos juicios que estaban empezados, con pruebas, y por estas leyes infames de Punto Final y Obediencia Debida quedaron paralizados. Ahora se van a reabrir", agregó.
Horas antes de conocerse el veredicto, el Ministro de Defensa, José Pampuro, reconoció que existe cierta inquietud en las filas militares ante la posible reactivación de causas contra ex represores.
"A título personal, algunos hombres que pueden estar involucrados en alguna situación manifiestan preocupación", dijo Pampuro a un canal de televisión y aclaró que la sensación no afecta a todas las Fuerzas Armadas.
Aunque el fallo sólo se refiere a Julio Simón, un ex policía acusado de la desaparición forzada de José Poblete y Gertrudis Hlaczik y la apropiación de su pequeña hija, Claudia Poblete, sienta un precedente: las causas que en el futuro lleguen al máximo tribunal serán resueltas en consonancia con este veredicto.
En 1985 un tribunal enjuició y condenó a los jerarcas de la guerra sucia en la que, según grupos de derechos humanos, desaparecieron 30,000 personas.
Pero en 1986 y 1987, violentos levantamientos militares torcieron el brazo del entonces presidente Raúl Alfonsín, quien se vio obligado a impulsar la sanción de ambas normas.
La Ley de Punto Final terminó con los procesos abiertos contra ex represores, en tanto la de Obediencia Debida exculpó a los cuadros menores de las Fuerzas Armadas que se habían visto obligados a cumplir órdenes.
Finalmente en 1990, el entonces presidente Carlos Menem indultó a ex militares y líderes guerrilleros en pos de una reconciliación nacional.
En marzo del 2001, el juez federal Gabriel Cavallo declaró por primera vez la inconstitucionalidad de las leyes en al caso Poblete. Cinco meses después, la Cámara Federal falló a su favor.
Pero el primer golpe de gracia a ambas normas llegó en agosto del 2003, cuando las cámaras del Congreso declararon la nulidad de las dos leyes. Pese a la anulación, las normas permanecieron vigentes hasta el martes, cuando quedaron sin efecto por el fallo de la Corte.
SENTARÁN EN EL BANQUILLO A CRIMINALES
Debieron esperar casi 20 años para que se derrumbara el último obstáculo en el camino hacia la verdad. Ahora, mientras celebran el fallo de la Corte Suprema, los organismos argentinos de derechos humanos se preparan para sentar en el banquillo de los acusados a cientos de represores de la dictadura de 1976 a 1983.
Entre lágrimas, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo se unieron en un abrazo frente al Palacio de Tribunales. Sus rostros delataban la satisfacción por el máximo logro alcanzado por su lucha, que comenzó hace casi 30 años cuando las mujeres con pañuelos blancos en la cabeza, a las que algunos tildaban de locas, hicieron saber al mundo que en la Argentina hombres y mujeres desaparecían sin dejar rastro.
Para las Madres de Plaza de Mayo, como para otros organismos de derechos humanos, el fallo de la Corte Suprema representa el inicio de una dura tarea para alcanzar la meta final: ver entre rejas a los represores.
El veredicto permitirá que lleguen a juicio varias causas que se encontraban paralizadas por la vigencia de la Ley de Punto Final, que en 1986 puso fin a los procesos judiciales contra militares, policías y civiles acusados de desapariciones, torturas y otros crímenes de lesa humanidad.
A casi 22 años del regreso de la democracia a la Argentina, los defensores de los derechos humanos consideran que el fallo del martes se levanta como el cimiento para la reconstrucción de aquella sociedad libre y justa por la que murieron tantos hombres y mujeres durante la guerra sucia.
EL HORROR
30,000 personas murieron o desaparecieron durante la dictadura, según activistas civiles.
12,000 víctimas de la represión de 1976-1983 se reconocen en los recuentos oficiales.
3,000 militares podrían responder ante los tribunales, 10% de ellos están aún activos.
