- Regular el uso de las costas es un tema que ya está en el horizonte, existe un proyecto de ley que pretende ordenar y normar el uso de estas zonas aledañas a los mares, lagos y ríos. Pero el dilema está en el uso de las playas, el marco regulatorio para las inversiones y qué pasará con aquéllos que violentan lo dispuesto por ley. Por el momento se prevé que el tema llegue al Legislativo hasta septiembre
Luis Núñez Salmeró[email protected]
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Hasta la fecha, la única legislación que se ha aprobado para regular el uso de las zonas costeras es la Ley Agraria, vigente desde marzo de 1917, que establecía que era propiedad del Estado, en el caso de las costas, un espacio de terreno de dos mil metros, desde la denominada pleamar o marea alta hacia adentro.
Con el tiempo esta ley ha quedado prácticamente invalidada ya que a la fecha hay una gran cantidad de construcciones que se han realizado prácticamente a la orilla del mar, en espacios del Estado. Y allí es donde está el principal punto de conflicto en la actual discusión del anteproyecto de Ley de Regulación de las Zonas Costeras.
Los actores son muchos y también las posiciones. En lo único en lo que hay consenso es que se trata de una ley polémica. En el resto hay mucho todavía que recorrer "es una ley sumamente amplia, espinosa con muchas aristas todas cortantes", ilustra el diputado José Castillo Osejo, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional.
Algunos propugnan porque las costas sean totalmente accesibles, otros buscan un término intermedio, mientras que otros simplemente consideran que es mejor que no haya ley.
INVERSIONES A LA EXPECTATIVA
El director de Operaciones y Evaluación de Inversiones del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), Desiderio Campos Meléndez, advierte que muchas inversiones que ya se han hecho en este sector están a la expectativa de cómo va a quedar la ley y que incluso algunas se muestran temerosas de perder parte de los invertido.
Un temor que según varios de los entrevistados es infundado ya que la idea es solamente ordenar el sector, incluyendo aquéllas que están en áreas consideradas del Estado y en ningún momento se va a hablar de confiscaciones o cierres, aclara la directora ejecutiva de la Asociación de Municipios de Nicaragua (Amunic), Patricia Delgado.
"Las consultas ya iniciaron, la Comisión de Asuntos Municipales ya tiene un primer borrador sobre el cual están construyendo un anteproyecto de ley. Aquí las dos bancadas mayoritarias, liberales y sandinistas, coinciden en que se hace necesario ordenar la situación de las costas nicaragüenses, no solamente marítimas sino de lagunas, lagos y ríos, hay quienes construyen en los humedales destruyendo manglares", agrega la directora ejecutiva de Amunic.
"Esta ley no está limitada al ámbito turístico sino que pretende hacer un reordenamiento territorial y regular el otorgamiento de las concesiones", explica Ramiro Pozo Urbina, catedrático de la Facultad de Turismo de la Universidad Americana (UAM).
Según él, otros países han aprobado leyes de costas, Costa Rica, Honduras, España, México, y no ha supuesto ninguna reducción de las inversiones.
PLAYAS SON DEL ESTADO
Nadie cuestiona que las playas del país son del Estado nicaragüense, incluso el proyecto lo deja muy claro, pero hay diferencia en cuanto a la aplicación de este principio. Es decir en los casi 90 años de la Ley Agraria la configuración de la propiedad en las costas es muy diferente. Centenares de construcciones se han hecho en sus orillas, aún más allá de lo que establece la ley y en muchos casos han cerrado el paso de las personas.
Sergio Argüello, director de asuntos jurídicos del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), explica que desde el año 2001 se presentó un anteproyecto de Ley de Costas.
La posición del instituto es que este ordenamiento debe hacerse de acuerdo con la estrategia de desarrollo turístico del país tomando en cuenta la Ley de Incentivos a la Industria Turística (Ley 306).
Además es del criterio de que ésta debe llamarse Ley Marítima y Terrestre, porque vendrá a regular no solamente la parte de la arena sino también la de tierra adentro.
Según afirma el concepto de las costas ya no es el mismo sino que tiene que ver ahora con el concepto de industria más amplio, ya sea turística o ecoturística con un fuerte potencial para el desarrollo económico.
De tal forma que lo primero es definir cuál es el área pública y cuál es la privada. Después de eso dejar bien claro el acceso a la playa "que no debe entenderse como un acceso ilimitado porque hay derechos que deben respetarse", indica.
¿PRIVADOS EN COSTA PÚBLICA?
Sin embargo para la directora ejecutiva de Amunic, el concepto de playa privada en la zona del Estado no es aceptable. "La idea de que solamente las personas que puedan pagar puedan tener acceso a las costas no puede ser".
El diputado de la bancada del Frente Sandinista y miembro de la Comisión de Asuntos Municipales, Gerardo Miranda, es del criterio de un libre acceso a las costas, aclarando que no se trata "ni de confiscar ni de intervenir propiedades, lo que se busca es asegurar un área pública".
Según Miranda se han hecho muchas construcciones en las playas y sus propietarios han cerrado el paso a la población en una clara violación de la legislación vigente, generando focos de conflictos. "No estamos atentando contra el desarrollo y progreso turístico", reitera, y agrega que el objetivo es garantizar el acceso a las playas para "todo el mundo".
Eduardo Holmann, Alcalde de San Juan del Sur, de tendencia sandinista, sostiene que es tiempo de hacer un ordenamiento y definir con claridad la situación de las costas, "aquí todo el mundo construye en las costas, construye cualquier cosa, mientras las alcaldías entregan títulos de propiedad".
Pero el carácter privado de las costas debe tener también sus regulación, asegura, ya que es un concepto muy amplio "pueden bañarse, estar tranquilos en la playa", pero también debe haber una preocupación por el respeto al derecho de los demás. "Las calles también son públicas, pero nadie puede ocuparlas como basurero", agrega.
CASOS PARTICULARES
Pero tampoco se trata de imponer una camisa de fuerza, según Patricia Delgado, de Amunic, hay casos que debemos tratar de forma particular como el de Montelimar y de otras inversiones ya establecidas. Una preocupación compartida por el Intur.
El director de asuntos jurídicos de este instituto, Sergio Argüello, sostiene que cada playa tiene sus propias características ya que no es lo mismo las regulaciones para Poneloya, San Juan del Sur, La Boquita que son balnearios ya establecidos que aquéllos donde la inversión es poca o nula ?cada zona debe tener un trato diferente?.
El catedrático de la UAM, Ramiro Pozo Urbina, sostiene que al igual que otras legislaciones, como la de Costa Rica, se pueden dejar instauradas excepciones a la ley que protejan a las inversiones que ya están establecidas, lo mismo que a comunidades indígenas o por derechos adquiridos.
EMPRESARIOS CON LUPA
Por su parte la empresa privada está participando en los debates de este proyecto y considera que de no lograrse un buen consenso se estaría afectando la inversión privada.
Enrique Pereira, ex presidente de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (Amcham), asegura que les preocupa que esta ley podría más bien tener un efecto negativo para la inversión.
Walter Buhler, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Nicaragua (Caconic), considera que como está planteado el anteproyecto no contribuye mucho con el desarrollo turístico ?se tiene que detallar qué es lo que se va a hacer con aquellos proyectos en marcha?, ya que significaría un cambio en las reglas del juego.
Otro de los puntos polémicos es la administración de la zona costera. Sergio Argüello, director de asuntos legales del Intur, sostiene que se debe crear una comisión para esta administración, coincidiendo con el Alcalde de San Juan del Sur, Eduardo Holmann.
No obstante los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional sostienen que se debe dejar esta administración en manos de las alcaldías. ?Ellos son los que están cerca de las costas y las conocen bien?, afirma Patricia Delgado, de Amunic.
La propuesta de Ley establece que éstas deben ser manejadas por las alcaldías, en coordinación con las instituciones competentes (Art. 7).
LO QUE DICE EL ANTEPROYECTO DE LEY
En el artículo 23 se establecen las restricciones y regulaciones en la zona costera.
1. Zona costera de uso restringido: Comprende la propiedad exclusiva del Estado medidos perpendicularmente desde la proyección horizontal, contados a partir de la línea de marca máxima o pleamar hasta una distancia de:
En el Océano Pacífico: 200 m contados desde pleamar o marca de marea máxima.
En el Mar Caribe: 100 m contados desde pleamar o marca de marea máxima.
En Ríos navegables: 50 m contados a partir del cauce del río hacia ambos lados.
En Lagos y lagunas: 50 m contados a partir del nivel máximo de las aguas que históricamente han mantenido.
Acuerdos y desacuerdos
Hay acuerdo sobre el carácter público de las costas. No hay consenso en la forma cómo se va a regular este derecho.
Hay acuerdo sobre el tratamiento diferenciado para las inversiones ya establecidas, pero no hay acuerdo sobre las nuevas inversiones.
Otra diferencia es sobre la administración de las costas. Algunos afirman que ésta debe estar en manos de una nueva entidad interinstitucional que trascienda las administraciones municipales, mientras que otros afirman que deben estar en manos de las alcaldías.
PARA SEPTIEMBRE
Durante todo el mes de junio se realizarán una serie de consultas que podrían concluir en agosto. Se espera que el proyecto sea presentado a la Asamblea en el mes de septiembre.
Las excepciones pueden darse, según Ramiro Pozo Urbina, de la UAM, para las comunidades indígenas ubicadas en las zonas costeras; por derechos adquiridos a partir de títulos de propiedad para antes de 1917; y para personas naturales y jurídicas a quienes se les pueden otorgar concesiones.
Hay empresas de bienes raíces que están ofreciendo terrenos en varias zonas del Pacífico que en las que incluyen las áreas de la costa, que son propiedad del Estado, lo que es un gran error, sostiene el catedrático de la UAM.
Según el director de Operaciones y Evaluación de Inversiones del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), Desiderio Campos, casi todas las playas del Pacífico Sur ya fueron compradas por inversionistas de Estados Unidos y Canadá.
CON CONCESIÓN
"Las personas naturales o jurídicas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, realicen actividades de uso y aprovechamiento de la zona costera para fines turísticos deberán proceder a tramitar dentro de un plazo de 90 días hábiles la concesión correspondiente", reza uno de los artículos de las disposiciones finales dispuestas en el proyecto de Ley de Regulación de las Zonas Costeras.
