- Democracia representativa se hunde, porque ha sido minada la separación e independencia de los poderes, advierte organismo regional
- Magistrado de Apelaciones reitera a Policía y Ejército que desobedezcan al presidente Bolaños
María José Uriarte R. y Mirna Velásquez [email protected]
La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió una resolución de Apoyo a Nicaragua, después que el Gobierno nicaragüense le informara sobre cómo los opositores sandinistas y liberales han intentado cambiar el sistema político institucional, mediante modificaciones a la Constitución Política de la República.
“La crítica evolución de los acontecimientos” en Nicaragua “compromete gravemente la separación e independencia de los poderes públicos, elemento esencial de la democracia representativa”, señala el primer considerando de la resolución aprobada ayer en la cuarta sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA.
Por eso, la OEA decidió enviar a Nicaragua “a la brevedad posible” una misión de alto nivel, encabezada por su Secretario General, José Miguel Insulza.
La misión de Insulza tendría como objetivo “contribuir a un diálogo nacional amplio”.
En la resolución de apoyo a Nicaragua, aprobada en la cuarta sesión plenaria de la Asamblea General, los países miembros de la OEA invocan el artículo 18 de la Carta Democrática de ese organismo.
“Cuando en un Estado miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional, democrático, o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del Gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación”.
“El Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento”.
La OEA también expresó su preocupación por la situación que afecta gravemente al sistema democrático y que, por tanto, la misión pueda “contribuir a un diálogo amplio, con el objetivo de encontrar soluciones democráticas a los graves problemas existentes, con estricto apego al principio de independencia y separación de los poderes públicos en el país”.
La confrontación entre los poderes de Estado se origina por la aprobación de reformas constitucionales en la Asamblea Nacional, que restan facultades al Ejecutivo, además de crear instituciones en las que han sido nombrados funcionarios propuestos por los partidos mayoritarios, lo que no es reconocido por el Gobierno, el que las considera inaplicables, basado en una sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), la que es desestimada por los diputados.
PUEDE ADELANTARSE
El presidente Enrique Bolaños definió la resolución como extraordinaria y espera que a inicios de la próxima semana el Secretario General de la OEA y su equipo lleguen a Managua, aunque hay quienes consideran que se podría adelantar, dado que ninguno de los actores quiere ceder posiciones para superar la crisis.
Según la resolución, la intención de la misión es “poner a disposición de Nicaragua la experiencia de la OEA y la asistencia que Nicaragua solicite, con el fin de apoyar el fortalecimiento de la institucionalidad democrática”.
El mandatario no descartó que se pueda lograr un esfuerzo conjunto para que la OEA y el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) puedan brindar su respaldo a un diálogo amplio, ya que el representante residente de ese organismo reveló que habían presentado una “oferta de apoyo”.
CRISIS SE AGUDIZA
La crisis en la que se sumieron varias instituciones a raíz del nombramiento de los funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep), hace una semana, se agravará hoy porque los nuevos funcionarios preparan una serie de acciones para que les sean entregados el edificio de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) y la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel).
El superintendente Víctor Guerrero informó ayer que prevén visitar a primera hora de hoy al comisionado Edwin Cordero, jefe de la Policía Nacional, para solicitarle el auxilio de esa institución policial en la entrega de las tres instituciones.
Ayer, los intendentes introdujeron ante la Fiscalía una denuncia contra el nuevo director de INAA, Alfredo Guerrero Ruiz, por el delito de usurpación de funciones. La denuncia fue introducida después que Guerrero se opuso a entregar las instalaciones de esa institución, cuando la Intendente del Agua, Sandra Moreno, intentó ocupar el cargo para el que la nombró la Asamblea Nacional.
Víctor Guerrero dijo estar a la espera de que la Fiscalía les proporcione el nombre del juez que será nombrado, para que se haga efectivo el auxilio judicial.
Sin embargo, el Fiscal General descartó que la Fiscalía vaya a ordenar tal cosa, porque no les compete, ya que la resolución dictada por el Tribunal de Apelaciones en la cual ampara a los intendentes tiene su fuerza en sí misma.
Otra de las actividades previstas para hacer en el transcurso de la semana, según indicó Guerrero, es ir a las instalaciones de Telcor con el recurso de amparo a su favor.
APELACIONES ORDENA DESOBEDECER A BOLAÑOS
El magistrado de la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, Noel Rivera Gadea, reiteró ayer a los titulares de la Policía Nacional y el Ejército, que cumplan con el mandato dictado este martes, de suspender la orden presidencial de mantener bajo resguardo las instalaciones de Telcor e INAA.
“El jefe de la Policía está en la obligación de cumplir lo ordenado por nosotros, de respetar que lo ordenado por el Presidente en este momento ha sido suspendido por esta Sala, y no queda más, que permita la entrada de los funcionarios nombrados, a los locales respectivos”, sostuvo el magistrado.
Rivera detalló que además de ordenar la suspensión de la medida del presidente Enrique Bolaños, el mandamiento se extiende al presidente Bolaños; al jefe de la Policía Nacional, Edwin Cordero; al jefe del Ejército, Omar Halleslevens, y al director de Telcor, Joel Gutiérrez.
De acuerdo con el magistrado Rivera, la base de la resolución es que la Asamblea Nacional tiene la facultad de nombrar al Superintendente y a los intendentes conforme a las reformas constitucionales.
ORDEN ALTERADO
El informe de la misión técnica de la OEA que visitó el país entre el 18 y 25 de mayo del 2005 y que sostuvo encuentros grupales con 68 personalidades, señala que “las recientes reformas constitucionales, sin lugar a dudas han generado una alteración en el orden constitucional”.
“Puntualmente se evidencia esta situación frente al impacto directo que las reformas constitucionales tienen en la gestión gubernativa”, pues el Legislativo ha quitado la potestad al Ejecutivo, de nombrar a los titulares de los entes reguladores de los servicios públicos de agua, luz, telecomunicaciones y atención de reclamos.
“La Misión tomó nota de lo solicitado expresamente por el Gobierno de Nicaragua, mediante su canciller Norman Caldera,en cuanto a la importancia de restablecer el status quo que el Poder Ejecutivo ostentaba antes de la reforma constitucional; que se establezca un mecanismo de consulta popular para las reformas constitucionales, y que la OEA participe en el diálogo nacional, como garante y apoyo a las iniciativas técnicas dirigidas a fortalecer la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua”.
ATENCIÓN DIRECTA
La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) declaró su preocupación “por la situación que afecta gravemente al sistema democrático en Nicaragua”; por lo que además de enviar una misión de alto nivel, decidió que el Consejo Permanente “mantenga una atención directa a la evolución de los acontecimientos en Nicaragua”.
