- Apelaciones protege a intendentes elegidos por PLC y FSLN, que tratan de quitar INAA y Telcor al Gobierno
- Fiscalía podría acusar y pedir a juez que ordene intervención de Policía para sacar a funcionarios de Bolaños
Moisés Martínez yJosé Adán [email protected]
La Sala Uno de lo Civil del Tribunal de Apelaciones de Managua amparó ayer a todos los intendentes de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep), en contra de las medidas anunciadas por el presidente Enrique Bolaños.
Esta decisión judicial allana el camino de estos funcionarios en su batalla legal por arrebatar al Poder Ejecutivo el control de las entidades reguladoras de las telecomunicaciones, la energía eléctrica y el agua potable.
Bolaños emitió un pronunciamiento el sábado expresando que no entregaría las entidades reguladoras a los funcionarios de la Sisep, porque para el Gobierno estos nombramientos son ilegales.
El Superintendente de Servicios Públicos, Víctor Guerrero, celebró la resolución de Apelaciones y anunció que hoy mismo ésta sería integrada a la denuncia que presentaron ante la Fiscalía General de la República.
La denuncia fue contra los titulares del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), y del Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Jorge Hayn y Joel Gutiérrez, respectivamente.
Sin embargo, en el caso de Hayn, éste no enfrentaría ningún problema porque renunció a su cargo, según dijo, “porque no soportó la presión de la crisis política”.
Será Alfredo Guerrero Ruiz, nuevo titular del INAA, quien tendrá “la papa caliente” de esta crisis.
SE ACERCA DESENLACE
Tomando en cuenta la celeridad que han mostrado las instituciones judiciales en este contexto político, se espera que a finales de esta semana soliciten el auxilio policial para que las autoridades de la Sisep ingresen a Telcor e INAA.
La resolución de Apelaciones sería integrada al proceso de investigación que la Fiscalía realiza por la denuncia contra Hayn y Gutiérrez, interpuesta por los intendentes de la Sisep y el contralor colegiado Guillermo Argüello Poessy.
La Fiscalía, al finalizar la investigación, determinará si existen méritos para acusar judicialmente a los funcionarios de Bolaños .
Luego, el juez al que se le asigne el caso, será quien determinará la intervención de la Policía.
Guerrero Ruiz declaró que no entregará el INAA “ni que lo lleguen a sacar con un tanque”, a menos que el presidente Bolaños se lo ordene.
Joel Gutiérrez sigue aferrado al cargo de director de Telcor y asegura que tampoco abandonará la sede del edificio, mientras Bolaños no se lo ordene.
Cuestionó la legalidad y legitimidad de la elección del Intendente de Comunicaciones, Freddy Carrión Jarquín, quien contó con el voto de la mayoría de diputados liberales y sandinistas para optar al cargo, acordado en negociaciones políticas entre los partidos Liberal Constitucionalista (PLC) y Frente Sandinista (FSLN).
Gutiérrez se presentó ayer al Tribunal de Apelaciones de Managua, Sala Penal II, a interponer un recurso de exhibición personal, ya que teme caer preso por no entregar el edificio al funcionario electo por sandinistas y liberales.
Luego, se trasladó a la Fiscalía General de la República, a declarar sobre la denuncia que en su contra hicieron Carrión y el contralor Guillermo Argüello Poessy, por desobediencia a la Constitución Política y otros delitos como usurpación de funciones.
Carrión Jarquín, Intendente de Telecomunicaciones, rechazó los señalamientos de que es parte de un plan para desarrollar una red de “espionaje telefónico”, como dijo el ministro de Defensa, José Adán Guerra.
Insistió en que se han registrado severas anomalías financieras en Telcor, durante la administración de Gutiérrez, como incrementos salariales injustificados y el pago a asesores “fantasmas”.
TEMEN ESPIONAJE
El ministro de Defensa, José Adán Guerra, dijo que si sandinistas y liberales toman posesión de la Intendencia de Telecomunicaciones, podrían reeditarse acciones de espionaje para controlar conversaciones de ciudadanos.
“Durante parte de nuestra historia reciente, algunos gobiernos de turno cayeron en la tentación de colocar a la ciudadanía bajo el ojo y oído del Estado”, dijo Guerra.
“Bajo la doctrina de una supuesta seguridad nacional se instaló un amplio sistema de monitoreo de las comunicaciones privadas entre ciudadanos, como complemento necesario a un férreo sistema de censura a los medios de comunicación”, añadió Guerra. “No tengo que ir al detalle de la pluma fina para entender qué es lo que significa el control de las telecomunicaciones con fines eminentemente partidistas”, agregó el ministro.
SISEP PAGA A FENOSA
El Intendente de Energía, Leonel Aguirre, solicitó al Banco de la Producción (Banpro) hacer efectivo el pago de dos cheques por 5.6 millones de dólares a favor de Unión Fenosa, correspondientes al incremento en tarifas de energía del 2.11% autorizado el año pasado y que las autoridades del INE no habían pagado.
(Con la colaboración de Jorge Loáisiga Mayorga y Ludwing Loáisiga Lopez).
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