Roberto Pérez Solí[email protected]
“En mi casa no hay violencia”, expresa sin titubeos y con un rostro de franqueza Marelyne Mercado Peralta. A sus trece años, sin embargo, conoce de niñas en su vecindario que son maltratadas físicamente por familiares o amigos.
“Creo que debe haber una mejor vigilancia de las autoridades”, agrega la estudiante del primer año del Colegio de Villa Libertad.
Estos hechos violentos como los que menciona Marelyne son menos reconocidos y denunciados en las zonas rurales, según el último Estudio Nacional sobre Violencia contra la Niñez.
CASTIGO IGUAL A EDUCACIÓN
“Los niños del campo y de varias regiones de la Costa Atlántica creen que el maltrato es algo que se ganaron por no haber cumplido con una tarea de los adultos, creen que el castigo es una forma de educación”, expresó Luisa Molina, directora de la coordinadora de ONG que trabajan con la niñez y la adolescencia (Codeni).
La invisibilidad de los abusos contra los niños se debe a la inexistencia, o poca presencia, de mecanismos de protección como la Policía Nacional, Ministerio de la Familia y Salud.
TAMBIÉN EN LAS ESCUELAS
Juan Pablo Sánchez, uno de los participantes en la investigación realizada entre enero y mayo del 2005, mencionó que la violencia intrafamiliar sigue predominando. Las causas son la falta de educación y las condiciones económicas y sociales.
“En los colegios los niños como castigo son obligados a poner su cara junto a la paleta del asiento por varios minutos, mientras que en los centros asistenciales no hay medicinas y la atención no es de calidad”, dijo Sánchez.
Para mejorar estas situaciones Amalia Frech, directora del Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (Conapina), recomienda elaborar una política nacional para la prevención y atención de la violencia, desarrollar una campaña sobre los factores de riesgo y protectores de la violencia, entre otros.
MÁS DINERO
Pero Norma Moreno, funcionaria de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), indicó que lo más viable es que exista una partida presupuestaria permanente de parte del Gobierno porque “ya existe una política de prevención en contra de la violencia a la mujer y niñez, lo que no hay es dinero para aplicarla bien”.
