- La falta de educación ambiental, el bajo presupuesto, la incomunicación entre los organismos ambientalistas, la corrupción y los vacíos jurídicos perjudican los recursos naturales y limitan la sostenibilidad ambiental
Anne Pérez [email protected]
Aunque parezca una proyección apocalíptica, los bosques, ríos y lagunas del país podrían convertirse en extensas áreas desérticas, en menos de treinta años, si continúa el despale indiscriminado.
En los últimos 30 años, Nicaragua ha perdido cerca del 40 por ciento de la cobertura forestal, mientras se contabiliza que en cada año desaparecen alrededor de 120 mil hectáreas de bosques, producto del avance de la frontera agrícola y por el ataque indiscriminado de madereros, denuncia la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo sostenible (Fundenic).
Desde 1998, Nicaragua y otros países agrupados en la Organización de Naciones Unidas (ONU) firmaron un convenio de desertificación en países afectados por la sequía. Desde ese año los ministros del Ambiente del mundo acordaron darle seguimiento a ese tema, sin embargo es muy poco lo que se ha hecho desde entonces.
Desde ya, muchas organizaciones ambientalistas afirman que el destino de este convenio es igual al de otros 35 convenios firmados por el Estado de Nicaragua para proteger al medio ambiente: quedarse en papel.
SEÑALES FATALES
La falta de agua, el deterioro de la tierra, migración de campesinos dentro y fuera del país, la disminución en producción y calidad agrícola son las principales señales de advertencia que indican que muchas zonas de Nicaragua están convirtiéndose en verdaderos desiertos, afirmó Raomir Manzanares, secretario del Consejo Técnico del Club de Jóvenes Ambientalistas.
Los mayores problemas de desertificación se presentan en la región norte de Chinandega y León, donde el suelo está completamente degradado y sólo nacen especies representativas de los desiertos, como nopales y plantas con espinas.
En esas zonas llueve alrededor de 500 milímetros de agua anuales, cuando el promedio para el resto de las zonas nicaragüenses es de unos dos mil milímetros, incluso en algunos lugares puede llover hasta seis mil milímetros, dijo Arcadio Choza, director general de biodiversidad del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales.
El procurador del Medio Ambiente, Lizandro D’León, dijo que prácticamente los bosques en el Pacífico desaparecieron. “Ya no tenemos nada que despalar aquí, por eso la deforestación indiscriminada se mueve hacia el Atlántico”, aseguró.
Las fuentes de agua también sufren las consecuencias de la deforestación. Seis de las diez principales cuencas hidrográficas del país tienen una cobertura forestal del 40 por ciento, se calcula que para el 2010 la situación se empeore con un 15 por ciento del total. El Río Grande de Matagalpa, Río Escondido, Río San Juan, y Lago de Apanás serán los más afectados con la deforestación.
D’León describe un panorama aún más desalentador. Él afirma que “aquí en el Pacífico prácticamente las fuentes de agua se secaron, y sólo en inviernos copiosos es que se llenan y desbordan descontroladamente”, dijo. Mientras los lagos y lagunas “siguen siendo la cloaca de las ciudades”.
Otro de los grandes problemas ambientales es que el 75 por ciento de la tierra es de vocación agroforestal, pero la población, para sobrevivir, la utiliza para la agricultura y ganadería sin control, provocando mayor sedimentación en las cuencas hidrográficas. Es decir, que el fondo de los ríos empieza a llenarse de arena y tierra, producto del despale, lo cual ocasiona que la cuenca pierda capacidad para almacenar agua, explicó David Morales, monitor en temas forestales del Centro Alexander von Humboldt.
MADERA SIGUE SIENDO NEGOCIO
Comprar un árbol de caoba a campesinos, a un costo de 200 córdobas, y venderlo en mercados internacionales a, por lo menos, cinco mil dólares es un negocio redondo, que “personas inescrupulosas” no están dispuestas a dejar.
“Hay una voracidad con la madera porque esto genera un ingreso extraordinario. Pero la irresponsabilidad es de nosotros los funcionarios públicos que no hemos hecho un verdadero esfuerzo por detener esto. Además, las estructuras viciadas que existen dentro del sistema general no han podido detener la explotación minera y forestal”, dijo el procurador del Medio Ambiente.
Mientras el secretario general de Marena, José Santos Mendoza, señala que uno de los factores que inciden en el despale indiscriminado es la falta de planes de manejo, sobre todo en las áreas protegidas.
Hasta la fecha, el Marena ha declarado 76 áreas protegidas, de las cuales sólo 28 tienen planes de manejo. Ante el peligro que corren estas zonas, el Marena está planteando la posibilidad de declarar una moratoria forestal para darle una tregua a la explotación de los bosques, mientras sectores ambientales de la sociedad civil y madereros legales ya manifestaron su oposición.
Según las denuncias recibidas por la Procuraduría del Medio Ambiente, los recursos naturales más irrespetados por actividades que violan la legislación ambiental son los bosques. La explotación indiscriminada de este recurso representó el 37 por ciento de las denuncias recibidas por esa institución gubernamental en el 2004.
Las áreas protegidas se encuentran en un segundo lugar como recurso irrespetado, con un 17 por ciento. Mientras la contaminación del agua representó el 14 por ciento de las 518 denuncias recibidas el año pasado por esta institución gubernamental.
CAUSAS DE DETERIORO
La pobreza, la inestabilidad política, la falta de programas educativos permanentes que informen a la población de los daños ambientales son las responsables del deterioro ambiental, concuerdan los líderes de los organismos ambientales.
“Hay que tomar en consideración que Nicaragua es un país muy pobre, lo cual impulsa a la clase más pobre a sobrevivir de los recursos naturales”, advierte el procurador del Medio Ambiente. “El problema es que no se utilizan de manera racional y sostenible, con un plan de manejo coherente”.
David Morales afirma que el crecimiento desordenado de la población y el establecimiento de ésta en zonas no apropiadas para ser habitadas provoca mayor deforestación y avance de la frontera agrícola.
URGEN DECLARACIÓN DE EMERGENCIA AMBIENTAL
Desde hace algunos meses varios organismos de la sociedad civil han estado solicitando un diálogo nacional ambiental, sin embargo la situación actual debe ser considerada dentro de una emergencia ambiental, advierte el procurador ambiental Lizandro D’León.
Una de las razones para el establecimiento de un estado de emergencia ambiental es que las autoridades “no somos capaces de controlar nuestras fronteras para prevenir el tráfico ilegal de madera, y otros recursos naturales. Por ejemplo, la madera nicaragüense que llega a Honduras es exportada como si fuera originaria de ahí”, señala.
Al parecer los vacíos de la Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales ha sido otro de los factores que han incidido en la “caótica” situación del medio ambiente.
La falta de una tipificación del delito ambiental, dentro de la Ley 217 y dentro del Código Procesal Penal, causa una “restricción para dar verdaderos golpes a los explotadores de la naturaleza”, dice el procurador del Medio Ambiente. Mientras, los procesos civiles, en concepto de resarcimiento por daños y perjuicios en materia ambiental, son tediosos, costosos y extensos, pueden durar hasta 20 años.
Las organizaciones ambientalistas no se comunican, no intercambian información y no desarrollan alianzas por lo que la emergencia ambiental tendría que poner fin al aislamiento de las instituciones.
La declaración de emergencia también es necesaria para poner fin a la postergación del tema ambiental. “Nunca es prioridad, siempre se le deja irresponsablemente para mañana”, dijo Raomir Manzanares, secretario del Consejo Técnico del Club de Jóvenes Ambientalistas.
A pesar de que Marena afirma que el trabajo para la prevención de la contaminación y deforestación depende de todos, no escapa de ser señalado por organismos ambientales, y la misma población, de no hacer nada.
El secretario general de Marena, José Santos Mendoza, afirma que el presupuesto de esa institución, estimado en 156.6 millones de córdobas anuales, de los cuales sólo 47 millones provienen de los fondos del Presupuesto General de la República y el resto de la cooperación internacional, llega a los municipios para desarrollar medidas preventivas y correccionales. Mientras los organismos y la mismas alcaldías claman por transferencias y descentralización.
DESCENTRALIZAR
La solución a la problemática ambiental está ligada a la descentralización de las gestiones ambientales, dándoles a las alcaldías el poder y suficiente presupuesto para que defiendan sus recursos naturales y tengan el derecho a oponerse a concesiones que contaminan y destruyan los recursos naturales, sin quitarle el tutelaje al Estado, concuerdan el Club de Jóvenes Ambientalistas y la Procuraduría del Medio Ambiente.
