- Policía Nacional no hace comentarios respecto a qué autoridad respaldará en esta crisis
- Hasta ayer, agentes policiales custodiaban los edificios gubernamentales e impedían el paso a la Sisep
Luis Felipe [email protected]
La pugna entre el Gobierno de Enrique Bolaños y la Asamblea Nacional, que dominan sus opositores liberales y sandinistas, subió de tono ayer por el control de las estatales empresas de agua, luz y telecomunicaciones, que amenaza con crear más inestabilidad en Nicaragua.
El Ejecutivo desconoció “totalmente” la legitimidad de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep) y advirtió que no permitirá que las nuevas autoridades tomen posesión de sus instituciones, que desde el jueves son resguardadas por policías antimotines fuertemente armados.
El parlamento nombró y juramentó el jueves al director de la Sisep y cuatro Intendentes que dirigirán los entes reguladores de las empresas de agua, luz, teléfono y atención a los usuarios, que el Gobierno alega son de su competencia.
Bolaños no reconoce los nombramientos de servidores públicos que hizo la Asamblea Nacional, basado en la sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia que declaró inaplicables las reformas constitucionales que restan poder al Ejecutivo.
PACTISTAS VIOLAN SU CONSTITUCIÓN
El secretario de la Presidencia, Ernesto Leal, sostuvo además que liberales y sandinistas violaron la Constitución que ellos mismos reformaron y que el Ejecutivo desconoce, al nombrar sin consenso a esas autoridades, como lo establece el artículo 138 constitucional.
“¿Qué quiere decir esto? Que ni con la reforma constitucional que ellos dicen que está válida y nosotros desconocemos, es totalmente inconstitucional (la elección) y están violando su propia reforma”, agregó.
Diputados liberales y sandinistas alegaron que el Ejecutivo no envió ternas para ser consideradas en los nombramientos, por lo que decidieron elegir a los propuestos por ellos mismos.
CRECE FRICCIÓN INSTITUCIONAL
Al considerar que no tienen “ninguna validez” los nombramientos de la Asamblea Nacional, el Ejecutivo orientó a la Policía no dejar entrar a los funcionarios electos el jueves.
El ministro de Gobernación, Julio Vega, dijo que “nada, absolutamente nada de lo que haga la Policía Nacional, estará al margen de la Ley”.
Aseguró que los agentes del orden actúan conforme al artículo tres, inciso cinco, de la Ley 228, Ley de la Policía Nacional, que establece entre sus funciones vigilar y resguardar los edificios públicos.
Ayer mismo las autoridades electas por la Asamblea Nacion presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, para que el Gobierno y la Policía desalojen las instituciones.
Vega, sin embargo, admitió que los recursos contra el Ejecutivo no duran ni cinco minutos en ser fallados y desfavorablemente para el Gobierno.
Los edificios custodiados son el Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) y el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados.
Hasta ayer las autoridades policiales no respondieron a las preguntas de los periodistas, respecto a cuál será su actuación cuando les llegue una orden judicial para desalojar a las autoridades del Ejecutivo.
¿Y LA POLICÍA?
El ministro de Gobernación Julio Vega evitó comentar la posición que asumirá el Ejecutivo, en caso de que los tribunales den la razón a las autoridades electas por la Asamblea Nacional. “Bajo nuestra responsabilidad está actuar de acuerdo a hechos concretos, no a especulaciones ni a situaciones que eventualmente se podrían dar”, señaló.
