- Contraloría ordena a la Superintendencia de Bancos y a los bancos nacionales abstenerse de tramitar operaciones con entes reguladores
- También ordenan hacer auditorías
Jorge Loáisiga [email protected]
La Contraloría General de la República (CGR) ordenó ayer a la banca nacional abstenerse de realizar cualquier tipo de operaciones financieras con las entidades reguladoras de servicios, con el fin de asfixiar económicamente a los directores de los entes autónomos que se niegan a entregar las instituciones a las autoridades nombradas por la Asamblea Nacional.
La entidad fiscalizadora “instruyó” a los bancos a no pagar cheques, ni hacer transacciones monetarias del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) y el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), bajo amenaza de considerar los desembolsos como “pagos indebidos”.
Mediante una carta firmada por los cinco contralores liberales y sandinistas, se les mandó a decir a los gerentes generales de los bancos del Sistema Financiero Nacional que se abstengan de hacer cualquier tipo de transacción financiera de las cuentas que pudiesen tener las extintas instituciones reguladoras de servicios, Telcor, INE e INAA, que ahora se aglutinan en la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep).
De acuerdo con la comunicación enviada por los contralores a los gerentes de los bancos y a la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, (SIB), no se pueden emitir cheques ni realizar transferencias mientras los nuevos intendentes no hayan nombrado a las personas que manejaran las cuentas de las instituciones.
“(…) con el propósito de precautelar los recursos del Estado requerimos que a partir de esta fecha no se efectúen desembolsos de los fondos de las fenecidas instituciones. Por consiguiente no podrán pagarse cheques ni efectuar transferencias mientras no sean registradas las firmas que ordenen los titulares nombrados por la Honorable Asamblea Nacional, bajo apercibimiento de considerar tales operaciones como pagos indebidos en perjuicio del Estado”, dice la misiva enviada ayer mismo a las instituciones financieras.
Ayer los funcionarios nombrados por la Asamblea Nacional para ocupar las distintas intendencias no pudieron tomar posesión de los cargos. Por la tarde llegaron ante los portones de Telcor el Superintendente de Servicios Públicos, Víctor Guerrero, el contralor Guillermo Argüello Poessy, y los intendentes de Telecomunicaciones, Freddy Carrión, del agua, Sandra Moreno y de Defensa del Consumidor, Juan José Úbeda.
AUDITARÁN
La comunicación de la Contraloría General de la República, con fecha 3 de junio, también indica que en sesión extraordinaria los miembros del Consejo Superior de la CGR, en cumplimiento de lo ordenado por la Asamblea Nacional a la entidad fiscalizadora han orientado la realización a lo inmediato de auditorías en las extintas instituciones “con el propósito de precautelar los recursos del Estado.
Los auditores encargados de auditar a Telcor se presentaron a las 2:00 p.m. de ayer a las instalaciones del ente regulador de las telecomunicaciones para presentar la credencial de la CGR que los autoriza para realizar la auditoría en esa institución, pero las autoridades policiales que resguardan el lugar, a cargo del subinspector Allan Vallecillo, no permitieron su ingreso, bajo el argumento de que no había funcionarios que los atendieran y que no tenían las llaves de los portones.
La Policía tampoco permitió el ingreso a los intendentes nombrados el jueves por la Asamblea Nacional.
DENUNCIA
“Yo no sé si va a pasar encerrado aquí el resto del año. Nosotros vamos a poner la denuncia en la Fiscalía porque en INAA no nos dejaron ingresar a la intendente Sandra Moreno y en Telcor se han negado a recibirnos”, expresó el recién nombrado Superintendente de Servicios Públicos, Víctor Guerrero.
auditores de la Contraloría abandonan las instalaciones del INAA donde pretendían iniciar una auditoría, pero no lograron presentar sus credenciales porque nadie los quiso atender. La entidad es resguardada por fuerzas antimotines de la Policía Nacional.
