Alberto L. Alemán Aguirre
Los temores del peor escenario se hicieron realidad y hoy, la Unión Europea nada en su crisis más seria de los últimos años, pues los principios de acuerdo a los cuales ha venido funcionando en la década más reciente, han sido puestos entre signos de interrogación.
El domingo, Francia votó contundentemente por rechazar la Constitución de la UE, y el miércoles, los holandeses le dieron un segundo mazazo al muro de la construcción comunitaria, dejándolo agrietado; no sería extraño que los impactos terminen por dañarlo tanto que obliguen a cambiar el plan de edificación.
Para algunos analistas, la Constitución —elaborada bajo la guía del ex presidente francés Valery Giscard D’Estaing— es ahora un texto muerto, deslegitimado y si se quiere tener una Carta Magna europea, pues habrá que reescribirla.
La Comisión Europea, los jefes de Gobierno y la eurocracia de Bruselas han querido poner buena cara al mal tiempo. Pidieron seguir el proceso de ratificación en los restantes países (10 Estados ya lo hicieron, grupo al que se sumó ayer la ex soviética Letonia), y hasta hubo afirmaciones de que los franceses tendrán que votar nuevamente.
Pero es que el rechazo proviene nada menos que de Francia y de Holanda. Francia, junto a Alemania (que sí ratificó el tratado), es un pilar fundamental de la integración, y Holanda es un Estado poderoso económicamente que contribuye significativamente al presupuesto común. De haber sido Grecia, Portugal o Hungría, el impacto no habría sido el mismo, aunque todos los 25 miembros deben aprobar el documento.
¿Qué causas se mencionan? Temor a mayor inmigración de mano de obra barata del Este pobre a la rica Europa Occidental, a la entrada de Turquía y libertad de movimiento para millones de inmigrantes musulmanes, pérdida aún mayor de soberanía a favor de una burocracia lejana y sin control, y de la identidad nacional.
En Francia, un importante papel jugó el profundo descontento con el gobierno de Jacques Chirac, la situación económica y el alto desempleo; es decir factores internos.
Nicolas Baverez, un abogado y analista francés, llamó al voto masivo por el “non” una “insurrección, una intifada democrática” que refleja “la desesperación y los temores de los franceses frente al declive de su país y la incapacidad de sus líderes de enfrentar la crisis”.
En ambos casos, quedó evidenciado un creciente divorcio entre las élites políticas y el ciudadano común.
El establishment francés y el holandés estaban por la Constitución, pero la mayoría de los ciudadanos, no. Una aparente lección es que será necesario acercar la UE, sus políticas y sus objetivos a los pueblos, que no se podrá seguir tomando decisiones trascendentales del mismo modo que se ha hecho hasta hoy.
En una cumbre que se celebrará el 16 y el 17 de junio, los jefes de Estado de la UE posiblemente discutan si paran el proceso de ratificaciones, si habrá que renegociar.
Los resultados negativos de los dos referendos, a lo inmediato, han debilitado el euro. A mediano plazo, imposibilitan la formulación de políticas exteriores comunes y avanzar a etapas aún más avanzadas de la integración.
Se corre el peligro de postergar por más tiempo claves reformas económicas a los Estados del bienestar, que se hacen más urgentes ante la competencia de Asia y Estados Unidos en la economía global.
La disminución de ayudas sociales es un dramático requerimiento para volver las economías europeas más competitivas y ágiles, pero a la vez, es un asunto profundamente impopular. Nadie quiere ceder lo que se ve como derechos incuestionables.
A largo plazo, está en juego la posición estratégica de la UE como una futura superpotencia política, diplomática y militar. Una Europa dividida y debilitada no podrá lograr ese objetivo.
Con respecto a Centroamérica y América Latina, no es posible ver algunos cambios significativos.
La cooperación para el desarrollo continuará y sus objetivos permanecerán los mismos; los contactos para entablar negociaciones sobre un futuro tratado de libre comercio con el istmo no cesarán y el Diálogo de San José seguirá siendo el instrumento político más importante de la relación interregional.
Independientemente de los resultados, no puede uno dejar de admirarse y envidiar el saludable ejercicio democrático de celebrar un referendo, donde existe la posibilidad, como éste ha sido el caso, de que una mayoría de la sociedad le dé una bofetada a la clase política
¿Por qué no hacer un referendo en Nicaragua sobre trascendentales decisiones que toma la Asamblea Nacional en cuanto a la Constitución o a la creación de superintendencias vitales?
Seguramente, los diputados y otros representantes son los más grandes enemigos de semejante iniciativa. Dados los resultados de las encuestas en los últimos años, no queda ni pizca de duda de que de tener semejante oportunidad, los nicaragüenses mandarían prácticamente a toda la clase política al basurero.
