Polémica. Toda una controversia ha generado la suspensión de algunas garantías constitucionales por parte del presidente Enrique Bolaños.

TAM: garantías vigentes “a medias”

Mirna Velásquez yLudwin Loá[email protected] El Tribunal de Apelaciones, reunido en pleno decidió ayer que el decreto emitido por el Ejecutivo sólo tiene alcances sobre el tema energético y no afecta los demás derechos constitucionales de los ciudadanos, tal como señala el decreto del Ejecutivo. “Para nosotros el ámbito, el alcance del Decreto de Estado de […]

Mirna Velásquez yLudwin Loá[email protected]

El Tribunal de Apelaciones, reunido en pleno decidió ayer que el decreto emitido por el Ejecutivo sólo tiene alcances sobre el tema energético y no afecta los demás derechos constitucionales de los ciudadanos, tal como señala el decreto del Ejecutivo.

“Para nosotros el ámbito, el alcance del Decreto de Estado de Emergencia Económica, se circunscribe única y exclusivamente al ámbito económico y más específicamente al de la crisis energética, quedando toda la garantía que tiene el ciudadano en general, quedando vivos para poder recurrir en cualquier otro tipo de materia que no sea ésta específicamente”, puntualizó la magistrada Silvia Rosales, de la Sala Penal Uno de este tribunal.

La parte considerativa del decreto suspende tres artículos de la Constitución, entre éstos el artículo 45, que expresa que las personas cuyos derechos constitucionales hayan sido violados o estén en peligro de serlo, pueden interponer el recurso de exhibición personal o de amparo, según el caso y de acuerdo con la Ley de Amparo.

Las salas penales del Tribunal de Apelaciones han estado recepcionando escritos referentes a las amenazas de detención y a las detenciones ilegales, y se les ha dado trámite, según informó la misma magistrada.

CRITICAN DECRETO

No obstante, el doctor Sergio Cuarezma, en representación de Ética y Transparencia, sostuvo que el estado de emergencia suspende tres garantías constitucionales ajenas al tema económico.

“El grupo cívico Ética y Transparencia piensa que no es saludable sumar tensiones a los problemas que de por sí son complejos en la nación nicaragüense; (el decreto) implicaría el desmantelamiento provisional del Estado de Derecho”, señaló Cuarezma.

Para Cuarezma, con el decreto nos regresa a la Francia pre-revolucionaria, donde “el soberano se convierte en la fuente de la ley y se censura cualquier manifestación por parte de cualquier persona”.

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