- Algunos diputados rechazan el Estado de Emergencia pero se muestran cautelosos sobre reacción oficial
- Junta directiva convoca a sesión permanente del Legislativo. Mientras, hacen análisis jurídico
Luis F. Palacios [email protected]
La junta directiva de la Asamblea Nacional, controlada por sandinistas y liberales que se oponen al presidente Enrique Bolaños, convocó ayer a los diputados a “sesión permanente” producto del Estado de Emergencia Económica decretado por el Ejecutivo.
El segundo secretario del parlamento, el sandinista Edwin Castro, indicó que a partir de mañana jueves, incluyendo sábado y domingo, sesionarían de las 9:00 de la mañana en adelante, si es necesario.
Asimismo, el también coordinador de la bancada sandinista informó que como poder del Estado no tienen una posición sobre si aprobarán, rechazarán o modificarán el decreto del Ejecutivo. Agregó que enviaron el decreto del Ejecutivo a la asesoría jurídica de la Asamblea Nacional, para su estudio y análisis, y posteriormente emitirán una declaración.
Para el también sandinista Wálmaro Gutiérrez el decreto puede tener validez, aunque a su juicio es “desproporcionado y no tiene nada que ver con solucionar la crisis energética”. “Lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional es poner en su propia y en su verdadera dimensión los alcances de un estado de emergencia y no suspender los derechos, libertades y garantías del pueblo nicaragüense”, observó.
Esa misma posición tiene el diputado Azul y Blanco, Orlando Tardencilla, para quien “la Asamblea Nacional debe revisar con mucha seriedad las consecuencias jurídicas, políticas y económicas que pueden derivarse de este estado de emergencia”.
El primer vicepresidente del parlamento, el liberal Wilfredo Navarro, dijo que los liberales rechazarán el Decreto de Estado de Emergencia.
El analista Emilio Alvarez Montalván, por su parte, expresó: “El Decreto de Emergencia Económica está apegado a derecho y era necesario y urgente. El país no podía seguir asustado con apagones que iban a producir inseguridad y baja de la producción”.
En tanto, hasta ahora ningún legislador ha ofrecido salida alternativa a la decisión de Bolaños de aprobar un alza del 11.83 por ciento a favor de la empresa distribuidora de energía. El país vive una grave crisis energética como producto del alza en los precios del petróleo, principal fuente de energía de Nicaragua.
El estado de emergencia decretado por el Presidente se vio acompañado de la suspensión de varias garantías constitucionales.
REACCIONES ENCONTRADAS
El Estado de Emergencia Económico decretado el lunes por el mandatario Enrique Bolaños, provocó opiniones divergentes en el país.
Por un lado, el Movimiento por Nicaragua brindó su apoyo a la acción presidencial, pero por el otro, Ética y Transparencia, emitió un rechazo a esa decisión.
Para el filósofo, Alejandro Serrano Caldera, el decreto de emergencia, al suspender varias garantías constitucionales, va más allá de lo estrictamente económico. En cuanto a la suspensión del artículo 32 de la Constitución, expresó que no lograba entender por qué se incluyó en el decreto, ya que es “la base del Estado de Derecho”, pues tal garantía “establece el principio universal de legalidad, cuando dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”. La Coordinadora Civil, en tanto, llamó a ejercer el derecho a protestar.
EL COSTO
El presidente Enrique Bolaños señaló que de no haber autorizado el alza del 11.83 por ciento a favor de Union Fenosa, habría faltado la energía, se habrían detenido las fábricas, las ciudades habrían quedado a oscuras y la inseguridad (ciudadana) habría aumentado.
(Con la colaboración de María J. Uriarte).
