Jorge Loáisiga [email protected]
La Fiscalía General de la República (FGR) declaró caduca la acción penal en un caso de peculado por más de 500 mil córdobas que la Procuraduría General de la República (PGR), había denunciado contra los ex presidentes de la Cementera, Gabriel Levy y Guillermo Ramírez Cuadra.
El caso se remonta a 1999 y 2000 cuando los ex funcionarios habrían autorizado el desembolso de más de 500 mil córdobas de las arcas de la Compañía Nacional Productora de Cemento (Canal), para el pago de becas de sus hijos, Jaques Levy Ramírez y Guillermo Federico Ramírez Blandón, respectivamente.
El asunto fue conocido por la Contraloría General de la República (CGR) en el 2002, y el 30 de enero del 2003, los contralores emitieron una resolución en la que establecieron presunción de responsabilidad penal contra ambos ex funcionarios.
Según la resolución, se comprobó que Levy, en su calidad de presidente de la Junta Directiva de la Cementera, ordenó la transferencia de 215 mil 335 córdobas a favor de Johnson & Wales, de los Estados Unidos, por pagos de beca de su hijo Jaques Levy Ramírez, según confirmó a la CGR la administradora de la Cementera, Ruby Morales Altamirano.
La resolución también precisa que los auditores de la entidad fiscalizadora constataron que Ramírez Cuadra, en su calidad de gerente de la Cementera, autorizó el desembolso de 308 mil 272 córdobas, bajo los conceptos de compra de giro y transferencia, a favor de Johnson & Wales y Elsa Lenguaje Center por pago de beca a Jaques Levy Ramírez y Guillermo Federico Ramírez Blandón, este último hijo de Guillermo Ramírez Cuadra.
Asimismo, el informe señala que Ramírez autorizó el 18 de enero del 2000 un cheque de la Cementera por valor de 800 dólares para gastos personales de su hijo por capacitación en el exterior. En total, estos ex funcionarios se apropiaron de 523 mil 607 córdobas y 800 dólares.
“(…) ambos ex funcionarios, por un lado, a tales recursos le han dado un uso distinto de los señalados en los programas de dicha entidad y, por otro, se han lucrado ilícitamente de los mismos, ya que pagaron becas para sus propios hijos, cuando este tipo de operaciones no está dentro de las políticas de la Compañía”, dice la resolución.
Aunque la resolución de la CGR establecía que la misma sería notificada a la PGR, dicha notificación no se dio, según comentó el procurador Iván Lara.
Fue hasta el 2 de septiembre del 2004, un año y siete meses después, que a solicitud de la PGR le fue notificada la resolución. El 31 de agosto, la PGR había interpuesto una denuncia en la Dirección de Auxilio Judicial. La Policía remitió la investigación a la Fiscalía el 31 de diciembre.
La Fiscalía declaró prescrito el caso el 7 de abril del 2005, pese a que en el mismo informe señalan que el último acto delictivo de los imputados se realizó el 1 de marzo del año 2000. La notificación de la decisión de la Fiscalía llegó a la PGR el pasado 20 de mayo.
