Orlando N. Bonilla
De nuevo quiero reiterar mi preocupación por el problema de la energía eléctrica y sus fuentes de generación. Igual de preocupante es la indolencia del Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional en aprobar leyes que incentiven la pronta inversión extranjera en este ramo. Según datos estadísticos, todos los otros cinco países restantes de Centroamérica y Panamá producen más de mil megavatios cada uno mientras en Nicaragua apenas se produce un poco más de 400mw. Nicaragua gasta actualmente en petróleo 400 millones de dólares lo cual es un 20% del total de sus importaciones, y equivale a un 47% de sus exportaciones. Todos los países del istmo centroamericano están sufriendo en alguna medida las consecuencias del alza inmoderada de los precios del petróleo y no se avizora a corto plazo una baja del mismo, sin embargo, Nicaragua que depende de un 80% de energía térmica basada casi exclusivamente en el uso del petróleo, esta alza de precios nos afecta de una manera exorbitante, ya que su efecto involucra negativamente al transporte, industria, comercio y electricidad domiciliar.
Desde 1980, o sea en 25 años, no se ha ejecutado ningún proyecto de envergadura para generar energía hidroeléctrica o geotérmica que son las dos fuentes tradicionales y más grandes de energía renovable. Si bien es cierto que en años recientes se aprobó la ejecución de un proyecto geotérmico, el cual ya se está llevando a cabo y que ayudaría a salir muy parcialmente de nuestro atolladero energético, este proyecto significa menos de un 5% de la cantera de fuentes de energía renovable con que cuenta el país. También la Asamblea Nacional aprobó hace poco una ley para la ampliación de proyectos hidroeléctricos que antes era hasta 5 MW, ahora se podrán llevar a cabo proyectos hasta 30 MW. Esto lo veo muy positivo, sin embargo considero que no se deberían establecer límites para el monto de energía a producirse y se debería dejar libre hasta el monto que la naturaleza lo considere viable, sin menoscabo del medio ambiente. Lo mismo puedo decir de los precios de venta máximos reflejados en la ley, ya que éstos deberían ser establecidos a la hora de negociar los contratos, tomando en consideración los costos de producción que deberían ser mucho menor que los costos actuales. Al mismo tiempo considero que las autoridades deberán dar a conocer a potenciales inversionistas estas nuevas leyes y los beneficios fiscales u otros que estas leyes conllevan, e invitar a éstos a licitaciones públicas prontas para que participen en la elaboración de estudios y posteriores construcciones cuanto antes.
Por otro lado, y tomando en consideración la nueva ley ya aprobada, hay interés de inversionistas nacionales y extranjeros de llevar a cabo estudios y construcciones de proyectos hidroeléctricos que generarían mucho más de los 30 MW máximos mencionados en la ley. ¿Qué se está haciendo con este tipo de proyectos? ¿Hay intención de las autoridades superiores de aprobar concesiones para estos megaproyectos? Considerando que estos megaproyectos duran en su construcción por lo menos cinco años desde su aprobación hasta su finalización, no creen ustedes que se debe apresurar el paso para la autorización de los mismos? Hay que recordar que Nicaragua no produce petróleo para generar energía pero tenemos fuentes de agua en abundancia que lo suplantan de una manera eficaz. Tenemos que reconocer que el agua de nuestros lagos y ríos que no se usa se pierde en el mar. Cuantos miles de megavatios gratis perdemos anualmente con el agua sin uso, cuando perfectamente podemos transformarla en energía y dejarla después que se pierda en el mar, pero ya habiendo obtenido su uso valioso sin afectar la ecología. El agua continúa tan limpia como antes. Hagamos magia, transformemos nuestra agua en petróleo y hagámoslo ya.
El autor es Administrador de Empresas y Consultor en Negocios Internacionales
