Según el Presidente de la República, las razones que tuvo para dictar el estado de emergencia económica son “las condiciones adversas que causa el alza de los precios internacionales del petróleo, así como por la necesidad de asegurar la estabilidad económica del país y los flujos de cooperación externa…”
P ero además de decretar la emergencia económica para enfrentar y resolver, supuestamente, los graves problemas nacionales antes mencionados, el Presidente suspendió también algunas garantías constitucionales de los ciudadanos, siendo la más importante de ellas el derecho a la exhibición personal y al amparo. Al respecto cabe señalar que la única explicación que tiene la suspensión de esta garantía individual es la de que el Poder Ejecutivo ha querido impedir que en el término de las 72 horas que tiene de plazo para someter el decreto de estado de emergencia a la consideración de la Asamblea Nacional, el Poder Judicial no suspenda los actos que disponga el Gobierno en este lapso para enfrentar la crisis energética, como por ejemplo la autorización del aumento en la tarifa del servicio eléctrico.
En realidad, aunque de primas a primeras pareciera un disparate que el Presidente de la República suspendiera esas garantías mediante el decreto de emergencia económica que dictó ayer, la lógica indica que ésa era la única manera de paralizar una reacción inmediata de sus enemigos enquistados en los otros poderes del Estado, particularmente la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia. Y cabe esperar que aparte de eso el Poder Ejecutivo no va a afectar en realidad ningún derecho y garantía individual de los nicaragüenses.
Con todos los defectos que tiene la Constitución Política de Nicaragua, que se aprobó en 1987 como un instrumento legal para impulsar la construcción del socialismo en Nicaragua, sin embargo gracias a las reformas democráticas de 1995 la legislación constitucional prevé el uso de medidas excepcionales, como el estado de emergencia, como un medio de solución de problemas nacionales extremadamente graves, por medio de la acción coordinada de todas las instituciones del Estado. Tal es el espíritu del artículo 129 de la Constitución, en el que se establece que los poderes estatales son independientes entre sí, pero “se coordinan armónicamente, subordinados únicamente a los intereses supremos de la nación y a lo establecido en la presente Constitución”.
No obstante, la realidad política de Nicaragua es distinta, incluso opuesta, a la realidad constitucional. En efecto, la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral y la Contraloría General de la República están subordinados a dos partidos políticos, peor aún, a dos caudillos autoritarios y corruptos, y no a “los intereses supremos de la nación” como se dice en la Constitución con palabras hermosas.
Sin duda que la Asamblea Nacional, dominada por abrumadora mayoría por los enemigos sandinistas y liberales del presidente Enrique Bolaños, rechazará el decreto de estado de emergencia que dictó el Poder Ejecutivo y que, por mandato constitucional, los diputados tienen que conocer en el término de 72 horas a partir del momento en que dicho decreto entró en vigencia. Pero además de rechazar el Decreto —o aprobarlo, lo que también es facultad de los diputados pero lo cual es absolutamente hipotético— la Asamblea Nacional tiene también la potestad de modificarlo, que también es una posibilidad hipotética porque eso significaría dejar vigente el estado de emergencia.
Supuestamente, el objetivo del estado de emergencia que dictó ayer el Poder Ejecutivo es implementar una serie de medidas encaminadas a asegurar la estabilidad económica, garantizar que no se interrumpan los flujos de cooperación externa e impedir la generalización de los apagones, que afectarían gravemente las actividades económicas del país y la vida de la población en términos generales. Sin embargo sólo la práctica dirá si en efecto se alcanzarán si esos propósitos del Ejecutivo.
Durante semanas se le estuvo pidiendo y exigiendo al presidente Bolaños que hiciera algo para resolver, contener o aliviar esta crisis. Y ahora que él ha hecho lo que considera más apropiado, se abre una oportunidad de que los poderes del Estado se coordinen armónicamente y convengan un esfuerzo común de exclusivo interés nacional. Sin embargo, con estos diputados no hay ninguna esperanza de que pudiera ocurrir algo semejante.
