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Veinticinco años después, indígenas miskitos y mayangnas están logrando algo que les costó mucha sangre: los títulos de propiedad sobre las tierras comunales.
Cuando el presidente Enrique Bolaños entregó, la semana pasada, los primeros cinco títulos sobre un área de ocho mil kilómetros cuadrados donde se asientan más de 80 aldeas, los indígenas de la región caribeña tuvieron la primera respuesta concreta a un reclamo de décadas que en 1981 los llevó a alzarse en armas por varios años.
Para los miskitos, el territorio heredado de sus antepasados está en Nicaragua y en Honduras, como uno solo porque para ellos nunca ha existido la frontera, en este caso el Río Coco, ya que los indígenas de Nicaragua se han cruzado siempre a la ribera norte, la hondureña, a cultivar sus granos; y los de allá también llegan a la ribera nicaragüense para comerciar.
Esas costumbres ancestrales fueron alteradas de forma brusca cuando el gobierno del Frente Sandinista (FSLN) quiso imponer a los indígenas de Río Coco las organizaciones con que empezaba a controlar a la población ladina de la región del Pacífico, como los Comité de Defensa Sandinista (CDS), las cooperativas agrícolas y las milicias.
Fue suficiente para que los miskitos o los sumus (luego conocidos como mayangnas) empezaran a rebelarse, porque el FSLN atentaba contra sus costumbres y la autoridad de sus comunidades, representada de forma sagrada por el Consejo de Ancianos, al invadir sus tierras comunales.
La necesidad de legalizar sus territorios se volvió entonces una prioridad para esas comunidades, cuya tradición se ha basado en la conservación de los recursos naturales; pero el gobierno sandinista los sacó de sus aldeas junto al Río Coco, mediante la fuerza, para llevarlos a asentamientos con fuerte vigilancia militar que bautizaron con ironía como “Tasba Pri” (Tierra Libre), a cientos de kilómetros del río.
Como los indígenas vivían junto a la frontera (el río) con Honduras, el FSLN sospechaba de que tarde o temprano se aliarían con los contras, los ex guardias de Anastasio Somoza que se estaban rearmando en ese país, porque miskitos y sumus no aceptaban las imposiciones sandinistas y eso, para los gobernantes, equivalía a ser contras en potencia.
Sin embargo, el FSLN nunca pudo sofocar el alzamiento indígena y accedió a devolverles sus aldeas. En 1987 el Parlamento aprobó la Ley de Autonomía para las minorías étnicas, pero aún así sus tierras comunales siguieron siendo la herencia sin documentos que les dejaron sus antepasados.
Después de 1990, cuando los sandinistas ya habían sido sacados del poder, las comunidades del Caribe empezaron a sufrir otras invasiones, esta vez de madereros que, aprovechando la pobreza en que quedaron los indígenas, comenzaron a arrasar los bosques.
Por eso, ahora que miskitos y mayangnas ya tienen títulos sobre las tierras de sus comunidades, es necesaria la moratoria forestal que le propusieron al presidente Bolaños. Si no, sus herederos sólo encontrarán piedras, como dijo la alcaldesa miskita de Puerto Cabezas, Elizabeth Enríquez.
