Mirna Velásquez [email protected]
La mala percepción no varía. Una vez más, el Poder Judicial no gozó de la aprobación de la opinión pública y en el último estudio realizado por el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), la administración de justicia fue descalificada principalmente por la cargada dosis de “lo político” que contamina a este Poder.
Mauricio Zúñiga, director ejecutivo del Ipade, dio a conocer ayer los resultados de un diagnóstico sobre acceso a la justicia durante la realización del Primer Encuentro sobre acceso a la Justicia: Defensoría Pública y Sociedad Civil.
De acuerdo a los datos suministrados por Zúñiga, el 76 por ciento de los ciudadanos encuestados en el Pacífico tiene poca o ninguna confianza en el Poder Judicial, frente a un 20 por ciento que es más optimista respecto al desempeño de las autoridades judiciales del país.
NADIE VE IGUALDAD
Un dato interesante del estudio es que el 77 por ciento cree que no todos los ciudadanos son iguales ante la ley, y además este mismo porcentaje considera que el cumplimiento de las leyes se da como “muy poco o nada”.
La gente tiene una percepción negativa a cerca del Estado de Derecho y una percepción, podríamos decir, un poco negativa alrededor de que no somos iguales ante la ley y que dependiendo del dinero que se tiene es el acceso que se tiene a la justicia.
Por ejemplo, cuando nosotros le preguntamos qué posibilidades tiene una persona que acude a un juez, el 39 por ciento opina que es mejor llegar antes a un arreglo”, indicó Zúñiga.
La valoración de los principales poderes del Estado fue una de las preguntas directas en la que apenas un nueve por ciento calificó positivamente al Poder Judicial contra un 44 por ciento que se expresa de forma negativa y el restante 27 por ciento lo considera regular.
JUSTICIA TOMA PARTIDO
“Uno de los defectos que ellos (los encuestados) miran en la justicia es la partidización. Alrededor de un 70 por ciento opina que la administración de justicia está partidarizada”, dijo Zúñiga.
Pero además un 77 por ciento opina que eso es negativo para el país, para la democracia y consideran que el elemento de la partidarización de la justicia debe ser eliminado” , expuso Zúñiga.
Marielos Mendoza, directora de la Defensoría Pública, valoró que existen algunos obstáculos en la aplicación de la justicia en materia de derechos de la familia y otras áreas civiles, debido a la retardación de justicia.
