- Expondrán depredaciónen el extranjero
Wilder Pérez [email protected]
El tema del medio ambiente podría convertirse en una prioridad de las organizaciones de la sociedad civil, luego que el procurador ambiental, Lisandro D’León, expusiera la situación de los bosques la mañana de ayer.
Cada año Nicaragua pierde entre 70 mil y 80 mil hectáreas de bosques, según el II Informe Geo. Para D’León, la sociedad civil debe ser uno de los pilares para advertir sobre la problemática que se vive en las zonas boscosas del país y que amenazan seriamente las áreas protegidas.
“La idea es tratar de explicar cuáles son los puntos (bosques con mayor amenaza) y buscar un consenso entre todas las instituciones del Estado y la sociedad civil, para tratar de parar ésto”, comentó el procurador.
D’León se mostró preocupado principalmente por la Reserva de Biosfera Bosawás, que con sus 20 mil kilómetros cuadrados, es considerada “Patrimonio de la Humanidad”, según la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
Además, recordó que la misma situación se vive en la reserva Indio Maíz, en Río San Juan, al sur de Nicaragua, donde se exporta madera de manera ilegal hacia Costa Rica.
“Hay un deterioro sensible por el tráfico ilegal de madera, por eso queremos que el procurador nos comparta su información para trasladarla a redes internacionales defensoras del medio ambiente, porque el tema no sólo debe colocarse en la agenda nacional, sino hasta en la mesa de diálogo nacional”, comentó Denis Meléndez, responsable de incidencia del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), uno de los organismos representantes de la sociedad civil, ante quienes expuso el procurador.
CÓDIGO DEBE AYUDAR
Uno de los principales problemas que enfrenta el medio ambiente, está en la legislatura, ya que los delitos ambientales no están tipificados. Por eso, hasta antes del nuevo Código Procesal Penal, un traficante ilegal de madera salía de la cárcel con sólo pagar 100 córdobas de fianza, cifra que no tiene comparación con las ganancias no calculadas del negocio, según D’León.
Ahora existen otras formas de encausar a los traficantes, y pueden haber penas de hasta ocho años de cárcel, además de fuertes multas económicas.
Esto ya lo sabe el diputado Leónidas Centeno, quien arrasó con los árboles que habían alrededor de un río en una de sus propiedades. Debió pagar dos mil 500 dólares en multa y sembrar 500 arbolitos, aunque el cumplimiento de lo segundo no está confirmado.
Sobre algunos colegas de Centeno y otros funcionarios públicos implicados en el tráfico ilegal de madera, el procurador insistió en que no se conocerán detalles hasta que las “cuatro denuncias” sea del conocimiento de la Policía Nacional, la próxima semana.
