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BUENOS AIRES.- El ex ministro de Defensa, Oscar Camilión, está considerado en el primer lugar de los colaboradores del ex presidente Carlos Menem, para dar explicaciones hoy lunes a la justicia federal sobre el cobro de sobresueldos durante ese Gobierno (1989-99).
Camilión debe comparecer ante el juez federal Jorge Ballestero, a cargo de la investigación.
El tema de estos cobros ilegales, provenientes de fondos secretos asignados a los servicios de inteligencia, ha generado un escándalo político que se agregó a la serie de denuncias por episodios irregulares que pesan sobre Menem.
El diario Página 12 informó, ayer domingo, que durante la década del Gobierno menemista también percibieron sobresueldos algunos obispos católicos enrolados en el sector más conservador de la Iglesia argentina, que respaldó al ex Presidente.
Camilión, que fue canciller en 1981, durante la pasada dictadura militar, ya había reconocido ante los jueces, al ser interrogado por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995, que los fondos de una cuenta bancaria en Suiza de la que es titular, provenían de los sobresueldos que percibía mensualmente, al igual que todos sus colegas de Gabinete.
El juez Ballestero le pedirá seguramente más precisiones sobre cómo se hacían esos pagos, después que una estrecha colaboradora de Menem, la ex secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray, admitiera públicamente en abril que los ministros cobraban sobresueldos mensuales de hasta 100,000 pesos (100 mil dólares), y los secretarios de Estado 40,000 pesos (40 mil dólares).
Alsogaray, que estaba detenida hacía 21 meses, fue puesta en libertad condicional la semana pasada. Pero enfrenta más de diez causas judiciales por diversas irregularidades.
El juez había citado para el próximo miércoles al ex ministro de Economía, Domingo Cavallo. Pero los abogados de Cavallo lograron postergar la citación alegando que su cliente ya había sido sobreseído en otra causa en el tema de los sobresueldos.
El jueves próximo deberá declarar el ex ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, cuyo secretario privado se presentó hace varios meses ante la justicia diciendo que él era el encargado de entregar mensualmente los fondos a su ex jefe, que recibía de un funcionario de la Presidencia de la nación.
Horacio Verbitsky, columnista de Página 12, sostuvo el domingo que entre 1991 y 1999 un reducido grupo de obispos de la Iglesia Católica recibió por lo menos 29 millones de pesos (29 millones de dólares) por debajo de la mesa, según la expresiva calificación del único prelado que rechazó una dádiva, arguyendo que no era trasparente. El diario identifica a ese prelado como el obispo Rafael Rey, entonces a cargo de la organización solidaria Cáritas.
En la Argentina, donde la Iglesia Católica es sostenida por el Estado, los obispos perciben mensualmente sueldos del Gobierno.
