- Juez acepta que PGR también acuse a siete personas por daños
Mirna Velásquez Sevilla
Para el 2 de junio próximo fue planificada la audiencia de juicio oral y público en contra de siete personas responsabilizadas de la quema de dos motocicletas propiedad de la Policía Nacional, durante las protestas.
El Juez Séptimo Local Penal de Managua, Tomás Cortés, realizó ayer una audiencia inicial en la que resolvió remitir el caso a juicio para junio próximo.
Los procesados son: Ramón Octavio Acuña González, Miguel Ángel Centeno González, Jorge Salgado Palacios, Willmer Otoniel Doña Mendoza, Luis Orlando Gutiérrez y Miguel Ángel Centeno.
La Fiscalía les imputó los delitos de asonada, lesiones y daños, no obstante en la acusación presentada por la procuradora auxiliar, Nelly Guerrero, se les achacan solamente asonadas y daños.
Los imputados son responsabilizados por la quema de dos motocicletas de la Policía Nacional, que fueron incineradas el pasado 25 de abril, cuando los acusados supuestamente participaban en una protesta violenta contra el alza en la tarifa del transporte.
El juez Cortés suspendió la detención domiciliar que pendía sobre los acusados y sustituyó esta medida por otras menos graves, como la presentación periódica en el juzgado dos veces por semana, la prohibición de salir del país sin autorización del juez y no concurrir a lugares donde se expenda licor.
La procuradora Guerrero afirmó que la Procuraduría, en representación del Estado, demostrará la participación de los acusados en los hechos descritos, con la declaración de los agentes policiales que participaron en la detención y otros testigos.
“Hay uno (testigo) que reconoce quién fue el que le pegó fuego (a las motocicletas)”, indicó la procuradora.
“Conociendo las declaraciones, las testificales, los reconocimientos que hizo la Policía en su momento, el estado de los vehículos, tenemos la certeza de que ellos son”, garantizó Guerrero.
Por tratarse de un delito particular, la representante del Estado, explicó que la Procuraduría no se adhirió a la acusación presentada inicialmente por la Fiscalía en cuanto al delito de lesiones. Esto generó un alargado alegato entre las partes, puesto que los abogados defensores consideraban que había un vicio o defecto en la acusación.
Con la realización de este juicio oral y público, quedarían resueltos todos los casos de los casi 100 detenidos durante las protestas violentas ocurridas a finales de abril.
