Mirna Velásquez Sevilla
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Rechazan canje por Inprur
Mirna Velásquez Sevilla
La diputada sandinista Alba Palacios defendió la aplicación de la Ley Creadora del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural, y descartó que su partido tenga interés de negociar la titularidad de esa institución a cambio de una amnistía a favor del ex presidente y reo Arnoldo Alemán.
“Es una aberración agarrar este tema tan importante para la gente y querer manipularlo sobre la base de una negociación política para elegir al candidato que yo quiero poner de acuerdo a mi interés o, para decir que a cambio de la amnistía vamos a poner esta ley para que los sandinistas estén conformes”, opinó la diputada.
La ley aprobada en noviembre de 2004, dispone la creación del Instituto de la Propiedad Reformada, Urbana y Rural (Inprur), como instancia especializada en la atención y solución de asuntos de carácter administrativo relacionados con la problemática de la propiedad. Dicha ley no ha entrado en vigencia debido a que está sufriendo un proceso de reformas y no hay acuerdos sobre la elección de las autoridades.
“A nosotros no nos interesa realmente que nos vengan los liberales a decir que a cambio de esto vamos a elegir a un sandinista, porque ningún sandinista se va a beneficiar”, añadió.
Palacios participó el miércoles en un panel sobre este tema, donde también estuvieron representantes de organismos de la sociedad civil y fue organizado por la Coordinadora Civil.
Uno de los aspectos abordados en el panel, fue el inicio del proceso de agilización de solución a los problemas de propiedad a ciudadanos norteamericanos o confiscados a los que todavía no se les ha dado respuesta.
La diputada dedujo que hay “otros” intereses económicos como los de personeros nacionales o americanos que no quieren que se le otorguen propiedades a los campesinos que, de acuerdo a las leyes, tienen el derecho.
Según Palacios, uno de los objetivos de la ley en cuestión, también denominada Ley 512, es el de resolver en cinco años este tema que ya lleva quince años sin ser resuelto, no por falta de ley, sino por falta de voluntad política y por una dispersión de las funciones.
