- Fiscalía acusa a tres policías y siete civiles por masacre durante violento desalojo en Chinandega
José Adán Silva
Tras más de 40 días de investigación, el Ministerio Público finalmente acusó por los sucesos violentos ocurridos en febrero pasado en Chinandega, donde tres personas civiles murieron por disparos realizados desde un contingente de casi 100 agentes policiales.
El fiscal especial Richard Lara, acusó ante el Juzgado Primero de Distrito Penal de Audiencia de Chinandega, a tres policías y siete civiles por los sucesos ocurridos el 23 de febrero pasado, cuando tres personas murieron por heridas de bala, una decena resultó lesionada por armas de fuego y gases lacrimógenos, y siete policías fueron heridos por piedras y morteros artesanales lanzados por los precaristas.
A pesar de que el saldo mortal estuvo del lado de los civiles y vecinos del asentamiento La Florida, contiguo a la finca donde ocurrieron los hechos violentos, la acusación de la Fiscalía sólo involucra a tres policías por delitos de exposición de personas al peligro y señala como sospechoso de la muerte de las tres personas a un solo oficial, a quien no acusaron por homicidio.
Los nombres de los policías acusados son: Domingo de Jesús Navas Fúnez, comisionado y segundo jefe de la Delegación Policial de Chinandega; Mayra Inés Altamirano, oficial de Policía y jefa de Sector de Chinandega, y el policía Francisco José Castillo Ramírez.
¿SÓLO UN POLICÍA DISPARÓ?
De los tres acusados, al comisionado Navas Fúnez lo acusan de exposición de personas al peligro, por “inducción”, y presumen responsabilidad penal por haber permitido el uso de armas que provocaron las muertes de civiles en una operación a su cargo; a la oficial Altamirano la acusan del mismo delito, por supuestamente haber lesionado con su pistola a una persona, y al policía Castillo Ramírez también por el mismo delito, pero con los resultados de la muerte de tres personas por disparos de su fusil AK.
Según la acusación, Altamirano es sospechoso de matar a Walter Arata (disparo en la cabeza), María Adilia Rivera (disparo en la cabeza) y Walter Bismarck Estrada.
En el escrito también se acusa a siete civiles por los delitos de hurto y atentado contra las autoridades; unos por haber tomado una pistola que un agente perdió en el conflicto y luego disparar contra la Policía, y a otros por lanzar piedras, morteros y uso de armas de fuego artesanales.
Al momento de la acusación no hay persona detenida, los policías están suspendidos temporalmente, no hay notificación oficial a los acusados y está pendiente de ver si el juez acepta la acusación y anuncia una fecha para la audiencia inicial.
