Elízabeth Romero
La creación de tribunales especiales que investiguen los casos relevantes de tráfico de drogas y que el lavado de dinero sea tipificado como un delito autónomo, destacan entre los planteamientos efectuados por la Policía Nacional sobre reformas a la Ley 285 o Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras sustancias controladas; lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas.
La moción fue presentada ayer por el jefe de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional, comisionado mayor Clarence Silva, en una mesa redonda relacionada al tema y promovida por la Comisión Antidrogas de la Asamblea Nacional y en la que participaron representantes del Ministerio Público, Ejército, Poder Judicial, Superintendencia de Bancos, entre otros.
Silva propuso que los tribunales especiales estén integrados por un presidente y dos miembros, calificados para conocer casos relevantes con mayor peligrosidad, los cuales representan el uno por ciento del total de los delitos conocidos cada año por esa Dirección. Además, planteó que se conformen tribunales en Managua con jurisdicción nacional.
Silva advirtió sobre la necesidad de las reformas para contar con un instrumento legal más adecuado y más eficiente que permita enfrentar el delito internacional que va en crecimiento.
Señaló que de no hacerlo a corto plazo “puede rebasar la capacidad de las instituciones nicaragüenses e incluso involucrar a estas mismas instituciones en actividades ilícitas y que se nos descontrole esta situación”.
ELIMINAR DOBLE INTERPRETACIÓN DE LAVADO
En el caso del lavado de dinero, Silva planteó que sea tipificado como “un delito autónomo”, el cual puede provenir de muchas actividades delictivas, vinculadas al crimen organizado.
El funcionario policial recordó que actualmente en el país existe una doble interpretación sobre el lavado de dinero, “lo cual no nos permite realizar investigaciones o impulsar procesos por lavado de dinero”.
Planteó también que en caso de introducción de dinero, la omisión no sea un indicio, sino que sea considerado un hecho consumado y el decomiso se pueda efectuar de manera administrativa.
