Marcela Sánchezwashingtonpost.com
“Nos fuimos a Ecuador a dispararle a los heridos”. Ese podría ser el aviso en la puerta de la Organización de Estados Americanos que envió esta semana una delegación de alto nivel para investigar el último colapso de la Presidencia en Ecuador.
Mientras se disipan las nubes de polvo sobre los cansados ciudadanos y políticos de la nación andina, representantes del guardián de la democracia en las Américas revisarán los escombros y determinarán si la salida del presidente Lucio Gutiérrez fue constitucional.
Parecería una tarea noble, pero en la realidad es una fachada para esconder el hecho de que los líderes de las Américas no hicieron nada cuando pudo ser importante haber hecho algo. Al reaccionar sólo ahora, la OEA termina haciendo demasiado poco y demasiado tarde —especialmente sugiriendo que sus lealtades están más encaminadas a que líderes electos mantengan su poder y no a la forma en que lo ejerzan.
Gutiérrez heredó una democracia en riesgo cuando fue elegido hace dos años y medio y se convirtió en el sexto Presidente en seis años. El ex coronel del ejército había hecho una campaña populista que prometía luchar contra la corrupción y reducir la pobreza. Inicialmente Gutiérrez gozó del apoyo de la población indígena del país, pero pronto los decepcionó cuando se vio en la necesidad de reconsiderar muchas de sus promesas izquierdistas.
Gutiérrez se apartó bastante de su mandato cuando en noviembre del año pasado él y sus aliados legislativos de entonces depuraron a dos Cortes nacionales, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral. Lo hicieron diciendo que querían despolitizar a los organismos judiciales, que según el mandatario ecuatoriano favorecían a los enemigos del gobierno. Pero después de hacerlo quedó claro que la purga no tenía propósito distinto al de lograr que las Cortes favorecieran en cambio a Gutiérrez y compañía.
Sus “reformas” judiciales continuaron en diciembre cuando se enfrentaron a la Corte de mayor jerarquía en el país y despidieron a 27 de los 31 magistrados de la Corte Suprema. Los 27 fueron reemplazados rápidamente, claro está, con individuos mucho más comprensivos con la agenda del presidente.
Fue aquella desequilibrada Corte Suprema la que llevó a los ecuatorianos al límite de su paciencia. Si la gente estaba molesta con la manera como Gutiérrez había manipulado los órganos judiciales o incumplido sus promesas de campaña, ahora estaba verdaderamente indignada al ver cómo la nueva Corte Suprema eximía de los cargos de corrupción a dos ex presidentes, miembros de los partidos que apoyaban a Gutiérrez.
Hoy, Gutiérrez está exiliado en Brasil y el daño a las instituciones ecuatorianas es significativo. A esta hora ya tardía, la delegación de la OEA se reducirá probablemente a hacer la “autopsia” sobre los últimos días del gobierno de Gutiérrez.
Eso era precisamente lo que el Relator Especial para Asuntos Judiciales de Naciones Unidas, Leandro Despouy, quería evitar. Despouy advirtió a todos los que pudo en la comunidad internacional que si no se actuaba pronto la independencia judicial ecuatoriana podría terminar “irreversiblemente” comprometida. A comienzos de este mes presentó un completo informe sobre Ecuador a la Naciones Unidas e incluso hizo un llamado público a las 19 naciones del Grupo de Río para que intervinieran —todo en vano. Claramente la crisis de Ecuador necesitaba un mediador político internacional, pero no surgió.
De hecho la institución política por naturaleza del hemisferio, la OEA, había hecho lo posible para mantener alejada la crisis. Apenas días después de que la Corte Suprema fuera disuelta el 8 de diciembre, un representante empresarial ecuatoriano, Blasco Peñaherrera Jr., viajó a Washington para denunciar la situación. Habló con funcionarios del Departamento de Estado y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero en la sede principal de la OEA el entonces presidente del Consejo Permanente, Aristides Royo, concluyó que Peñaherrera no era un “punto de referencia” adecuado para la crisis de Ecuador como para darle audiencia.
Ahora bien, algunos podrían decir que criticar a la OEA en este momento es como dispararle a los heridos ya que la organización hemisférica completa su semana 29 sin Secretario General. Pero de hecho, incluso bajo esas circunstancias, la OEA fue capaz de montar una delegación para que fuera a Ecuador esta semana.
Mucho más posible es que la causa de la inacción de la OEA no fuera su desventaja interna actual sino su debilidad institucional endémica y su propensión a favorecer a los presidentes más que a los procesos democráticos cuando se desata una crisis. Eso a pesar de que hace más de tres años los líderes del hemisferio se comprometieron, al firmar la Carta Democrática Interamericana, a responder no sólo a “interrupciones” al orden democrático, sino a “alteraciones” de sus instituciones y procesos.
Se espera que la próxima semana la OEA finalmente elija un nuevo Secretario General. Pero con esa herida curada no podemos perder de vista el hecho de que la OEA es una organización de 34 democracias —no de un Secretario General. De ellas dependerá al fin de cuentas que la organización nunca más se vea tan desubicada como se vio en Ecuador.
(La misión especial a Ecuador) es una fachada para esconder el hecho de que los líderes de las Américas no hicieron nada cuando pudo ser importante haber hecho algo. Al reaccionar sólo ahora, la OEA termina haciendo demasiado poco y demasiado tarde —especialmente sugiriendo que sus lealtades están más encaminadas a que líderes electos mantengan su poder y no a la forma en que lo ejerzan.
