- Les impone glosas y multas de hasta dos millones de córdobas
Jorge Loáisiga Mayorga
La Contraloría General de la República (CGR) estableció ayer presunción de responsabilidad penal contra los directores del Instituto Nacional Forestal (Inafor), Francisco Briceño, de Rivas, y Reynaldo José Calderón, de Granada, por daños al patrimonio del Estado hasta por 1.4 millones de córdobas, confirmó el contralor Luis Ángel Montenegro.
El caso será remitido por los contralores a la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General de la República (FGR), para que esas instituciones, de acuerdo con las facultades que les establecen sus leyes orgánicas, procedan a la persecución penal. “Esperamos que realmente se presenten las acusaciones correspondientes”, expresó Montenegro.
La CGR también establece la imposición de una sanción de tipo civil que se expresa en una glosa o multa, de un millón 422,460 córdobas que Briceño deberá pagar al Estado de Nicaragua. Además se estableció sanciones hasta por dos millones de córdobas contra los ex delegados de Inafor en Puerto Cabezas, Siuna y Rosita, Félix Archibald Jacobo, Héctor Manuel López y Ariel Domingo Chavarría, respectivamente.
Montenegro explicó que la resolución que firmaron él y sus compañeros tiene origen en una denuncia presentada en el 2003 por los diputados de la Comisión de Recursos Naturales y el ex director del Inafor, Francisco Guerra Cardenal.
El Presidente de la República, Enrique Bolaños, destituyó de su cargo de presidente del Inafor, a Guerra Cardenal en el 2003 y en su lugar nombró al médico veterinario originario de Estelí, Indalecio Rodríguez.
La suspensión de Guerra al frente del Inafor se hizo después que éste ordenara el reintegro de tres funcionarios del Inafor, entre ellos su secretaria, quienes habían sido despedidos tras ser señalados por la PGR de ser cómplices de toda una mafia que trafica con los recursos boscosos.
Según una denuncia de la Procuraduría del Medio Ambiente —una entidad dentro de la Procuraduría General de la República—, funcionarios del Inafor falsificaban permisos de cortes de madera, los cuales vendían a madereros inescrupulosos que arrasaron con cientos de hectáreas de maderas preciosas en todo el país.
