Jorge Loáisiga Mayorga
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TAM confirma sentencia del “cascarillazo”
Jorge Loáisiga Mayorga
La Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) confirmó la sentencia que condenó a nueve años de prisión a los hermanos Alex y Saúl Centeno Roque, por la estafa cometida contra la Almacenadora Servicios Marítimos y Navieros S.A. (Semar), caso conocido popularmente como “el cascarillazo”.
La sentencia de primera instancia fue emitida por el entonces Juez Séptimo de Distrito del Crimen de Managua, Edgard Altamirano.
La pena incluye tres años de prisión por el delito de asociación para delinquir y seis por la estafa, según la sentencia del tribunal de alzada, emitida el pasado 25 de abril.
La sentencia del Tribunal de Apelaciones reforma la del juez de primera instancia e impone la pena principal de tres años a Ernesto José Rodríguez Rueda, ex gerente de Semar, Heberto Muñoz Cortesano y Santos Danilo Rivera, por ser autores de delito de defraudación en contra de Semar. Estos últimos también eran trabajadores de Semar.
Los magistrados Enrique Chavarría, Martha Lacayo y Silvia Rosales también confirmaron el sobreseimiento definitivo que el juez de la causa había dictado a favor de los socios de Semar: William Graham Michell, Mario Cardenal Chamorro, Rodrigo Reyes Portocarrero, Carlos Holmann Holmann, Julio Eduardo Delgadillo Cardenal y Mauricio Valenzuela Sotomayor, por los delitos de estafa y defraudación en perjuicio del Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser) y el Banco del Café (Bancafé).
“El cascarillazo” representó para Semar la pérdida de 20 millones de dólares, a través de una estafa sin precedentes donde casi medio millón de quintales de cascaría de arroz fueron introducidos como café oro en las bodegas de dicha empresa por parte del grupo de empresas del Consorcio Comercial Agropecuario Conagra, de los hermanos Centeno Roque, donde también se declararon víctimas Bancafé e Iniser.
Semar, principal afectada en este caso, puso en conocimiento del (ex) Juez Séptimo de Distrito del Crimen, Sabino Hernández, supuestos “procedimientos anómalos” del grupo de empresas del Consorcio Comercial Agropecuario Conagra o Consagro, de los hermanos Centeno, a quienes posteriormente les llovieron acusaciones, entre ellas asociación para delinquir, defraudación y estafa.
Los hechos denunciados por el abogado Víctor Manuel Ordóñez ante los tribunales, habrían iniciado la mañana del cinco de mayo de 2000, cuando autoridades del Ingenio Benjamín Zeledón, en Rivas, se presentaron a la bodega de ese centro productivo, rompieron el candado, quitaron los rótulos y empezaron a sacar azúcar, aduciendo que estaba fuera de prenda.
Para entonces se sospechaba que la administración de Semar no cumplía con los procedimientos de recepción, almacenamiento y control de mercadería que se suponía café oro, pero que al final resultó ser cascarillas de arroz y café.
Así que al revisar las operaciones se encontraron con que en la bodega Amtex, donde se recibieron sacos de empresas relacionadas con Conagra y que supuestamente contenían azúcar, lo que había eran sacos de nylon de 150 libras que contenían esas cascarillas.
También descubrieron documentos que reflejaban cifras distintas a los ingresos de azúcar reportados a bodega, lo que indicó alteraciones de los funcionarios anteriores.
Algo similar ocurrió con las bodegas Iván Montenegro y Servicios Continentales, donde encontraron dentro de las estibas más de 400,000 quintales de cascarilla de arroz, en vez de café oro.
