- Las pesquisas han arrojado un grueso material sobre los escándalos de la Caja Costarricense del Seguro Social y el Instituto Costarricense de Electricidad, por los que dos ex presidentes ticos estuvieron en prisión y guardan hoy arresto domiciliario
Josué BravoCORRESPONSAL/COSTA RICA
SAN JOSÉ.- ¿La corrupción? Sucede hasta en las mejores familias. Eso quedó demostrado públicamente el año anterior en este país, cuando se descubrieron por separado dos grandes escándalos de corrupción que metieron a la cárcel a los ex presidentes Rafael Ángel Calderón (1990-1994) y Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), a empresarios y otros funcionarios públicos.
Durante el 2004 los medios locales, especialmente el diario La Nación y Telenoticias de Canal 7, destaparon los escándalos de corrupción conocidos como Caja-Fischel e ICE-Alcatel.
El Caja-Fischel se refiere al reparto de 8.8 millones de dólares de comisión entre empresarios y funcionarios públicos —entre ellos el ex presidente Calderón—, de un préstamo de 39.5 millones de dólares aprobados en el 2001 por la Asamblea Legislativa.
El empréstito fue aprobado en tan sólo tres días, siendo uno de sus grandes impulsores Eliseo Vargas, quien en ese momento era jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien posteriormente fue presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
El dinero sirvió para la compra de más de 3,000 equipos que incluyen máquinas de anestesia de alta tecnología, incubadoras, centrales para monitoreo de camas, equipos de rayos X, camas para cuidado intensivo y monitores, pero no todos fueron de utilidad en los hospitales.
La compra la hizo la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) a Instrumentarium-Medical, de Finlandia, sirviendo como intermediario la Corporación farmacéutica Fischel, de Costa Rica y se sospecha que Calderón influyó en la decisión de algunos diputados.
Por esta causa son investigados Calderón, tres ex funcionarios de la CCSS, cuatro funcionarios de la Fischel, dos abogados de esa empresa, dos miembros de dos sociedades anónimas domiciliadas en Panamá mediante las cuales se realizó el reparto, una hija del ex presidente de la CCSS, Eliseo Vargas, un sobrino de Calderón y un ex empleado del Instituto Costarricence de Electricidad (ICE), quien también es vinculado al caso ICE-Alcatel.
CASO ICE-ALCATEL
El otro escándalo es conocido como ICE-Alcatel.
Se refiere también al reparto de comisiones a ex funcionarios públicos, incluido el ex Presidente y efímero Secretario General de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez, por supuestamente apoyar en el 2001 la adjudicación de una red telefónica para operar 400 mil líneas celulares, valorada en 149 millones de dólares, a la empresa francesa Alcatel.
Alcatel habría destinado 9.6 millones de dólares en comisiones. Este escándalo tomó mayor relevancia cuando el 28 de septiembre del 2004 La Nación publicó una investigación que indicaba que Jean Philp Gallup, esposa del ex directivo del ICE, José Antonio Lobo, recibió 2.4 millones de dólares de Alcatel.
El escándalo fue mayor cuando el 30 de septiembre, Lobo aseguró a la Fiscalía que Rodríguez Echeverría le pidió un 60 por ciento del “premio” Alcatel tras ganar la licitación de las 400,000 líneas celulares.
Esto repercutió en la renuncia de Rodríguez como Secretario General de la OEA, ocho días después, siendo arrestado y encarcelado el 15 de octubre cuando regresó a Costa Rica para cumplir con una orden de arresto internacional que dictó la Fiscalía.
Además de Rodríguez, la Fiscalía investiga a 14 personas más (entre ex funcionarios del ICE, y personas ligadas a Alcatel).
Sin duda estos casos estremecieron a la sociedad y a la clase política del país, la cual ha perdido credibilidad. Quedó demostrado que la democracia de Costa Rica se estaba tambaleando y que sus políticos no eran tan éticos como se pregonaba.
Se sentó un precedente para que los funcionarios públicos se abstengan de cometer los mismos errores.
A raíz de la renuncia de Rodríguez en la OEA, el presidente Abel Pacheco dijo que “Costa Rica, un país chiquito geográficamente, le estaba demostrando al mundo la eficacia e independencia del sistema judicial”.
Dijo además que no le “temblaría la mano” para acusar a todo el funcionario que haya cometido otros actos de corrupción.
El diputado del Movimiento Libertario, Carlos Salazar, dijo a LA PRENSA que estos escándalos fueron recibidos con “alegría”, porque el pueblo estaba sintiendo que algunos lo habían estado ultrajando pero que nadie se atrevía a denunciarlos.
“El pueblo se sentía con las manos atadas al saber que no se podía hacer nada contra los políticos corruptos”, dijo Salazar.
INVESTIGACIONES AVANZADAS
Fuentes cercanas al Poder Judicial informaron que la Fiscalía se encuentra en la etapa final de ambas investigaciones (las cuales se realizan por separado).
Es por eso que los ex presidentes Calderón y Rodríguez, quienes estuvieron recluidos en la Cárcel La Reforma, han recibido el benéfico de arresto domiciliario.
A ambos les exigieron fianzas que rondan el medio millón de dólares, para evitar su escapatoria del país.
Sobre el caso Caja-Fischel hace falta la traducción de un informe de 800 páginas, de una auditoría que el Gobierno de Finlandia hizo sobre el denominado préstamo finlandés.
Sobre el ICE-Alcatel, la Fiscalía espera un peritaje del Organismo de Investigación Judicial, pero se desconoce su contenido.
Ambos elementos serán analizados por la Fiscalía para aportarlos a la investigación. Luego se procederá a realizar audiencias por separado, en la que participarán la parte acusadora, testigos y acusados, para que los tribunales decidan si elevan cada uno de estos casos a juicio en caso que existan los elementos suficientes, sin embargo las fuentes no precisaron fechas.
LA PRENSA intentó obtener una entrevista con el Fiscal General, Francisco Dall’Anese, gestión que resultó infructuosa.
El abogado de Rodríguez, Rafael Geraud, informó mediante su asistente que no podía atender a ningún medio, porque tenían otros juicios pendientes que le restaban tiempo, mientras que Gonzalo Castellón, abogado de Calderón, no contestó las consultas telefónicas.
El analista político, Rodolfo Cerdas, dijo a LA PRENSA, que a raíz de estos acontecimientos, la población aumentó su desconfianza ante la clase política tradicional.
“Esta desconfianza se ha hecho extensiva a los partidos emergentes. Esto es lógico y explicable, pero a la vez peligroso, porque las cifras indican que el abstencionismo para las próximas elecciones (en el 2006) puede ser de hasta un 40 por ciento”, indicó Cerdas.
“Sin embargo se espera que el abstencionismo baje en la medida que se acerque el periodo electoral, porque la gente puede ir tomando conciencia de que sólo puede haber un cambio, derrotando en las urnas a los políticos tradicionales”, agregó.
Sin duda, el ganador de estos escándalos ha sido el Poder Judicial, según Cerdas, pues con su independencia y objetividad ha fortalecido su institucionalidad.
“Esto también debe indicar que el sistema judicial todavía puede rescatarse. Para que el Poder Judicial del país avance debe haber una reforma interna muy objetiva para hacerlo mucho más eficaz”, añadió.
Actualmente sólo dos personas ligadas a estos casos —calificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos como “la peor crisis política de los últimos 50 años en Costa Rica”— se encuentran en la cárcel.
