- Culpa a Policía de investigación imprecisa y ordena ampliación
Mirna Velásquez Sevilla
El Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, informó que una defectuosa investigación policial impidió que la Fiscalía llevara a los tribunales y se abriera un juicio a dos estudiantes universitarios que la Policía Nacional identificó, el viernes pasado, como autores de la destrucción de cuatro vehículos, tres de éstos propiedad del Estado.
Centeno Gómez detalló que la Policía remitió los dos casos al Ministerio Público para ser llevados ante un juez, pero la información enviada era muy defectuosa e imprecisa, razón por la cual no pudieron remitirlos a los tribunales para ser procesados y en su lugar se ordenó la ampliación de la investigación.
El viernes pasado, un grupo de estudiantes quemó los vehículos en plena vía pública, frente a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), en protesta contra el alza en la tarifa de transporte urbano colectivo. Los capturados fueron identificados como Paul Alexander García Rugama, de 20 años, y Rodolfo Antonio Saravia Munguía, de 21.
ESTUDIANTES LIBRES
La legislación penal establece que una vez capturados los sospechosos, las autoridades tienen un período de 48 horas para presentarlos ante un juez con la debida acusación, de lo contrario deben ser liberados.
En este caso, los estudiantes quedaron libres debido al vencimiento de este período, de acuerdo con información proporcionada por el mismo fiscal Centeno.
La Policía inicialmente calificó los hechos como “terrorismo”.
Centeno dijo que las investigaciones deben continuar para identificar plenamente a las personas involucradas, pues la ley establece que las circunstancias de los hechos deben estar bien claras para poder acusar.
La divulgadora de la Policía Nacional, capitán Geraldine González, expresó que el informe policial fue remitido a la Fiscalía, considerando que había méritos para hacerlo no obstante si el criterio de la Fiscalía es que el informe carecía de elementos, las pesquisas deberán ampliarse.
Los vehículos quemados pertenecían a la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Entresa), Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) y uno rotulado con la frase República de Nicaragua, América Central.
