Néstor Avendaño
Según un diario local del 26 de abril del año en curso, el señor Humberto Arbulú, representante del Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmó que “la crisis del petróleo es cíclica y que pasará”, en tanto señaló que “ha venido cayendo el déficit fiscal del país y que la deuda interna está siendo pagada con los ahorros producidos por la iniciativa HIPC”.
Aparentemente, el representante del FMI desconoce que un informe reciente de ese organismo internacional señala que “no tiene buenas noticias sobre el petróleo y predice que el precio seguirá volátil debido a que la demanda continuará elevada y la oferta no será capaz de crecer al mismo ritmo”. Además, hace un par de semanas, el señor Rodrigo Rato, director gerente del FMI, afirmó que “los riesgos a los que se puede enfrentar la economía mundial han aumentado” y “estos riesgos son los altos precios del petróleo en este momento y en el futuro, y los desequilibrios por cuenta corriente (de la balanza de pagos, principalmente de Estados Unidos), un problema global que requiere soluciones globales y colaboración”.
Los factores que distorsionan el precio del crudo son múltiples. De forma duradera, habrá un crecimiento mayor de la demanda (1.5 millones de barriles diarios cada año) ahora que los países en desarrollo, liderados por China e India, están en plena transformación, expandiendo su actividad industrial y sus necesidades energéticas. También se observa un descenso progresivo de la producción de petróleo fuera de la OPEP, de un millón de barriles diarios respecto a los niveles actuales. Y la mayor parte del exceso de capacidad de extracción de la OPEP ya ha sido absorbido por el aumento del consumo.
Ahora, la oferta está tan ajustada que el Departamento de Energía de Estados Unidos afirma que ya sólo hay un país en todo el mundo, Arabia Saudita, con capacidad para poner más petróleo en el mercado en un plazo no superior a 30 días. Ese volumen es de 1.5 millones de barriles diarios. En el 2002 ese excedente era de 6.3 millones de barriles. Una erosión así en tan poco tiempo es la mejor ilustración de lo fuerte que ha sido la dinámica de la demanda respecto a la del suministro, y además que poner crudo de un nuevo yacimiento en el mercado es un proceso que suele llevar unos 5 años por lo menos, aunque lo más frecuente es que el período sea de 7 años. Además, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que la demanda global se incrementará un 60% en las próximas tres décadas. Para hacer frente a estas necesidades hay una industria que se encuentra en plena sequía de nuevos yacimientos.
Por otro lado, un representante del FMI en nuestro país ha afirmado públicamente, por primera vez, el desvío del alivio interino y total de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (PPME) otorgado a Nicaragua desde enero del 2001. De acuerdo con la voluntad política del Grupo de los 7 (G-7) expresada en la Cumbre de Colonia, Alemania, en junio de 1999, ese alivio tenía que haber sido asignado exclusivamente a proyectos de reducción de la pobreza humana, sobre las bases de una mayor transparencia de los procedimientos presupuestarios y de la promoción de consultas con amplios segmentos de la sociedad.
Al fin, 4 años y 4 meses después del arribo de Nicaragua al Punto de Decisión de la Iniciativa PPME, el FMI, con su escasa transparencia institucional, reconoce públicamente que dicho alivio ha sido usado para el pago de una deuda gubernamental onerosa, la cual, en mi opinión, tiene tres grandes raíces ilícitas: las confiscaciones de propiedades en la década de los ochenta, las quiebras bancarias en la década de los noventa y algunas operaciones de mercado abierto con elevadas tasas de interés y mantenimiento de valor que han maximizado las pérdidas de la banca central desde el segundo quinquenio de los noventa.
Excluyendo 2001 debido a la poca transparencia presupuestaria de ese año, durante el período 2002-2005 el alivio PPME asciende a US$936 millones, pero de ese monto sólo se han asignado US$390 millones al financiamiento de proyectos de reducción de la pobreza, que en gran parte no llegan a los pobres debido al pago de funcionamiento de las instituciones públicas que enfrentan el problema de la pobreza, incluyendo las elevadas remuneraciones de los altos cargos y del ejército de asesores y consultores que pululan en esos organismos. En otras palabras, US$546 millones han sido desviados del gasto social del presupuesto nacional, tanto al pago de una onerosa e ilícita deuda pública interna como al aumento de las disponibilidades del Gobierno Central en la banca central.
¿Quién autorizó al FMI desviar recursos del alivio PPME al pago de la deuda pública interna en Nicaragua? ¿Cree el FMI que los contribuyentes de los países ricos sonreirán cuando sepan que sus recursos (tributarios) han sido desviados para el pago de una deuda gubernamental ilícita, en vez de haber sido asignados a proyectos de educación, salud y saneamiento ambiental en este país pobre y aún muy endeudado después de su graduación en la Iniciativa PPME? Es tragicómico que, después del arribo del país al Punto de Culminación de la Iniciativa PPME en enero del año pasado, no había recursos presupuestarios para financiar el programa del vaso de leche escolar.
Ojalá que el G-7 realice una auditoría, independiente del FMI y del BM, sobre el uso de los recursos liberados del pago de la deuda externa de Nicaragua gracias a la Iniciativa PPME. Si esos recursos se hubiesen usado en una forma apropiada, también se hubiese logrado una reestructuración soberana del pago de la deuda pública interna, cuyo pago actual es el principal obstáculo de una respuesta gubernamental a las demandas sociales exacerbadas desde inicios de este año, entre ellas el mantenimiento del subsidio al transporte de pasajeros en autobuses urbanos.
El autor es economista.
