La contrarrevolución de terciopelo

Daniel Ortega entra caminando al Estadio Rigoberto López Pérez vestido como un cantante, no como un Presidente, tampoco como un Comandante. Jean negro, botas, camisa remangada, un pañuelo rojo y negro atado al cuello, su eterno bigote y la Banda Presidencial lista para entregarla a su sucesora, Violeta Barrios de Chamorro.

Era el 25 de abril de 1990, dos meses después de que 1.7 millones de nicaragüenses asistieran a las urnas y propinaran la derrota electoral al sandinismo.

Ortega, con tres mil efectivos de la seguridad resguardando el orden en el Estadio Nacional, finalmente cede el Poder Ejecutivo a Barrios de Chamorro, una de las primeras mujeres en la historia en asumir la Presidencia de un país.

Un paso atrás y el ahora ex presidente Ortega baja su cabeza, tras colocar la Banda Presidencial a Barrios de Chamorro, vestida de blanco. Ortega aplaude con rezonga, tratando de ocultar su rostro, mientras la nueva Presidenta alza sus brazos, haciendo con sus manos el signo de la paz.

Durante los años noventa Nicaragua transitó por períodos escalofriantes, de negociaciones y contranegociaciones, y huelgas violentas que pusieron a la nación al borde del colapso en más de una ocasión.

El encumbrado giro a la democracia ocurrido entre 1990 y 1996 presentó a los líderes políticos suscribiendo un Protocolo de Transición. Después llegaría la orden de retiro del general Humberto Ortega Saavedra de la jefatura del Ejército de Nicaragua, una guerra sin cuartel.

También se aprobaron y publicaron las reformas constitucionales en 1995, cuando los sandinistas perdieron inmensas cuotas de poder en las instituciones del Estado.

Fue la presidenta Violeta Barrios de Chamorro quien estuvo en medio de la tormenta, resistiendo las reyertas callejeras más violentas de los últimos 15 años.

NOTICIAS DE LA DERROTA

La mañana del 26 de febrero de 1990 el presidente Daniel Ortega reconocía en conferencia de prensa radial y televisiva su inminente derrota electoral. La confesión fue precedida por el pánico.

La noche del domingo 25 de febrero, el general Joaquín Cuadra Lacayo —segundo jefe las fuerzas armadas— se encontraba en la Comandancia General del Ejército Popular Sandinista (EPS) esperando reportes del proceso electoral de ese día.

Al primer repique del teléfono, Cuadra levantó el auricular. Escuchó al general Roberto Calderón, jefe del EPS en la quinta región del país.

“Estamos perdiendo”, alertó Calderón. “¿Cómo que vamos perdiendo, qué es eso? ¿Por cuánto margen?”, preguntó un sorprendido Cuadra.

“No, completamente. Una gran arrasada, aquí no hay nada que hacer”, confesó Calderón. “¿Está seguro?”, ripostó Cuadra. “Completamente seguro General”, contestó Calderón.

Cuadra informó de inmediato al Jefe del EPS, general Humberto Ortega Saavedra, quien a su vez llamó a su hermano, el presidente Daniel Ortega y al vicepresidente Sergio Ramírez.

En cuestión de minutos, la Comandancia General estaba llena de sandinistas trasnochados que se resistían a reconocer la tendencia de votos.

EL DILEMA DE ENTREGAR

Los analistas sandinistas, las encuestas, los informes de los delegados en los distintos puntos del país transmitían otra información a la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Pánico.

En medio del espanto, llegó la más importante de las preguntas: ¿los sandinistas reconocerían la derrota electoral?

“Empezamos a ‘pimponear’ el tema, porque un camino era no entregar (el poder)”, recuerda Cuadra. Al final, Ortega rindió su rey.

Al reconocer la victoria de la Unión Nacional Opositora (UNO) los sandinistas también prepararon sus cartas de seguridad.

Acordaron trabajar en un Protocolo de Transición de mando, que al principio se llamaba de transmisión.

Casi al mismo tiempo, los dirigentes de la UNO se reunían en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), de acuerdo a la entonces diputada electa Miriam Argüello.

La nueva Presidenta les comunicaba que debían firmar con el FSLN una serie de condiciones, previo al traspaso de poder.

EL PROTOCOLO DE TRANSICIÓN

Los sandinistas tenían sus puntos clave. Uno era el EPS y su jefe, el general Ortega. Exigían respeto al cuerpo armado y que su General en Jefe se mantuviera al mando. A cambio, se comprometían a reducir eventualmente la cantidad de efectivos e institucionalizar el brazo armado del FSLN.

Otro punto era el de la propiedad. Reclamaban que las propiedades entregadas por el Gobierno sandinista hasta el 25 de febrero de 1990 se reconocieran como legales por la nueva administración.

Pero además, el FSLN demandó una amnistía, y la desmovilización y desarme de la Resistencia, conocida como la Contra

Cuadra menciona que había recelo por 50 mil “contras” armados en Honduras.

El Gobierno entrante aceptó la propuesta sandinista, fracturando las relaciones con los miembros de la UNO, coalición compuesta por catorce partidos políticos, y el enérgico reclamo del Gobierno de Estados Unidos, en la persona de John Maisto, que más tarde sería embajador en Nicaragua.

Algunos integrantes de la UNO, al conocer el acuerdo, renunciaron a sus puestos ministeriales, como Jaime Cuadra. Pensaron que el general Ortega en el EPS era como un caballo de Troya para la nueva administración.

¿Por qué dejar a Ortega en el Ejército?: “Era mejor negociar con un General que negociar con veinte coroneles, la negociación se habría dispersado”, responde Luis Humberto Guzmán.

El Protocolo de Transición fue negociado durante un mes y al final los sandinistas obtuvieron importantes concesiones. En paralelo aprobaron 26 medidas de ley en el Parlamento entre el 2 de marzo y el 19 de abril de 1990, obteniendo más poder financiero y político, como la ley de la propiedad, autonomía universitaria y una ley de carrera administrativa y servicio civil, entre otras.

HASTA LA VISTA, GENERAL

La tarde del 27 de febrero, cuando se reunieron por primera vez las comisiones negociadoras del FSLN, compuestas por los generales Ortega y Cuadra, además de Jaime Wheelock; con su contraparte de la UNO, representada por Antonio Lacayo, Carlos Hurtado y Luis Sánchez Sancho, el Presidente saliente Ortega, en un acto público, lanzaba una amenaza directa a la Presidenta electa Barrios de Chamorro: “Continuaremos gobernando desde abajo”.

La Presidenta electa dio su más directa respuesta el 25 de abril, al asegurar que el retiro del general Ortega del EPS era inminente.

El Estado Mayor del Ejército se levantó al unísono, supervisado por Daniel Ortega, cuando la presidenta Violeta Barrios anunció el 2 de septiembre de 1993, en el decimocuarto aniversario del EPS, que el general Humberto Ortega pasaría a retiro en 1994.

Días antes, el Ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, habría realizado un encuentro privado con Ortega, en el cual hubo falta de entendimiento, a criterio de Cuadra.

Al terminar la reunión, Lacayo creyó dejar claro que la presidenta Barrios de Chamorro había establecido fecha para el retiro de Ortega, mientras el general entendió que su puesto estaba asegurado.

“Nosotros nos vamos felices y tranquilos al acto” de celebración de fundación del EPS, comenta Cuadra.

Tras el anuncio intempestivo, hubo cruce de palabras en la tarima, pero el enfrentamiento oficial sería dentro del Centro de Convenciones Olof Palme.

De acuerdo a reportes de la época del Diario LA PRENSA, los hermanos Ortega increparon a la mandataria.

“Usted no es la dueña de Nicaragua”, dijo Daniel Ortega a Barrios de Chamorro. Su hermano, Humberto, agregó: “Quiero que sepás que yo dije ante los periodistas que yo me voy a ir conforme a las leyes de Nicaragua”.

A MÍ NADIE ME LEVANTA LA VOZ

La mandataria, casi acorralada por el ex Presidente y el entonces Jefe del EPS, contestó exigiendo respeto: “Quiero que usted sepa que yo soy la Presidenta de Nicaragua, electa por el pueblo y a mí nadie me levanta la voz”.

Poco después, en su oficina la Presidenta no pudo controlar sus lágrimas y hasta llegó a pensar en renunciar a la Presidencia, debido a los conflictos que vivía.

El choque entre los Ortega con la Presidenta dio la vuelta al mundo. La Organización de Estados Americanos (OEA), el ex Presidente de Costa Rica, Oscar Arias, y otras personalidades apoyaron a la mandataria.

En Nicaragua, el Estado Mayor del EPS cerró filas alrededor de Ortega y días después la Policía Nacional ofrecía su apoyo incondicional a las fuerzas armadas. El canto de batalla era que el general Ortega seguiría al mando del Ejército.

Alfredo César, entonces diputado de la UNO, indica que el anuncio de Barrios de Chamorro ayudó a un acercamiento entre el Ejecutivo y los diputados de la alianza vencedora en las elecciones de 1990. “Ortega se hizo gato bravo”, dice César.

El general ya había reducido al EPS, cumpliendo con la promesa del FSLN en el Protocolo de Transición.

Pero siempre estaban en la memoria algunos de sus planes del pasado —integrar a 600 mil hombres al Ejército—, además de ciertas declaraciones controversiales, como cuando dijo que en Nicaragua harían falta postes de luz para colgar a los contras.

LA REDUCCIÓN DEL EPS

El consultor Roberto Cajina, en su obra Reconversión de la defensa en Nicaragua, explica que bajo el mando del general Ortega, el EPS implementó una estrategia de reducción entre los años 1990 y 1992, que mandó a retiro a más de diez mil oficiales, con un monto de indemnización que costó más de 500 millones de dólares.

El EPS, según Cajina, se redujo en 83.23 por ciento en esos tres años. En 1986 el número de efectivos en el Ejército era de 134 mil 400 personas.

Para enero de 1990, la cifra era de 86 mil soldados, según David Close, en su libro Los años de doña Violeta. En noviembre había casi 28 mil soldados.

En la actualidad, el ahora rebautizado Ejército de Nicaragua cuenta con poco menos de 13 mil efectivos. El costo del EPS había pasado de 182 millones de dólares en 1989 a la todavía preocupante suma de 31 millones de dólares en 1995.

Al lado de la reducción en el Ejército, el Gobierno junto al cuerpo armado impulsó la Ley del Código Militar, para institucionalizar al cuerpo castrense.

Para 1993, el proyecto estaba lo suficientemente avanzado como para que la presidenta Barrios de Chamorro dijera en público que el general Ortega sería retirado.

Hasta esa fecha, el argumento de Ortega para permanecer entronizado en la jefatura del EPS había sido esperar la aprobación del Código Militar.

El anunció de su retiro fue “una traición”, aseguró Ortega al Estado Mayor del Ejército, según cuenta Cuadra.

LA AMENAZA DE HUMBERTO ORTEGA

Informes de LA PRENSA citaron después al entonces canciller Ernesto Leal, quien en declaraciones en el extranjero indicó que el general Ortega le aseguró que en caso de insistir el Gobierno en su retiro, se iría a las montañas y crearía “grupos irregulares”.

Las diferencias continuaron. Barrios de Chamorro planteaba que Ortega pasaría a retiro en 1994, pero el General proponía 1996 como la fecha definitiva.

El 21 de febrero de 1995 Joaquín Cuadra recibió los grados de General en Jefe de manos de la Presidenta, con el general Ortega de testigo, portando fríos lentes oscuros, ocultando su mirada.

“No podía quedarse de una manera indefinida en la jefatura del Ejército, esto era una exigencia del país y también dentro de las propias filas del Ejército”, explica Guzmán, razones por las cuales Ortega aceptó su retiro.

El último argumento de Ortega para permanecer en el EPS, el Código Militar, había sido aprobado.

ORTEGA EN JAQUE

El poder totalitario que el FSLN tenía en el país hasta 1990 desapareció al llegar 1996. Su expresión de influencia en las instituciones del Estado era mínima. La división del partido y la consecuente aprobación de reformas constitucionales que suprimieron facultades al Ejecutivo, acorralaron al ex presidente Ortega.

Desde 1987, un grupo de partidos políticos aglutinados en la Coordinadora Democrática exigió al sandinismo reformas constitucionales, pero el entonces Presidente del Parlamento, Carlos Núñez, rechazó la propuesta al decir que “ganaran las elecciones” para promover las reformas.

En 1991 llegó una nueva oportunidad de reformas, rememora Miriam Argüello.

Pero una coyuntural alianza entre el FSLN y el Ejecutivo impidió los cambios. En una lucha estratégica, la UNO aprovechó un hecho trascendental en el país. Daniel Ortega perdía el control de la bancada del FSLN. 30 de 38 diputados pasaban al Movimiento Renovador Sandinista (MRS) fundado por Sergio Ramírez.

“Fue una diferencia sorprendente de convencimiento político y nosotros dijimos no es sólo un problema de liderazgo, sino también de qué tipo de ideario debe portar ese liderazgo y nosotros dijimos hay que revisar ese ideario político”, relata Carlos Gallo, diputado sandinista en los noventa que se sumó al MRS.

Con más de 70 diputados, incluyendo a los de la UNO, dispuestos a reformar la Carta Magna, el asunto era cuestión de lograr consenso.

En 1994 se aprobó en primera legislatura una serie de reformas que recortaron las atribuciones a la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, que gobernaba bajo la Constitución de 1987, que daba amplios poderes al Ejecutivo.

LAS REFORMAS DEL 95 Y LA LEY MARCO

En 1995, los cambios constitucionales pasaron su segunda legislatura, por lo que la noche del 23 de febrero el presidente del Parlamento, Luis Humberto Guzmán, mandaba a publicarlas, ante la negativa del Ejecutivo de promulgarlas.

Las diferencias irreconciliables entre el Legislativo y el Ejecutivo se mantuvieron entre el 23 de febrero y el 30 de junio de 1995, al convertirse las reformas constitucionales en el centro de gravedad de la crisis en Nicaragua, una vez resuelto el retiro del general Ortega.

El Legislativo reconocía la Constitución recién reformada, mientras el Ejecutivo se apegaba a la de 1987.

La teoría de Alfredo César es que la mandataria se oponía a la Constitución reformada por órdenes de su yerno, el Ministro de la Presidencia Antonio Lacayo.

“Porque esta reforma le impedía al Ministro de la Presidencia ser candidato a la Presidencia de inmediato”, explica César. La reforma estableció que los parientes del mandatario hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad no podían postularse a la primera magistratura.

Sin embargo, tras un accidentado diálogo, llegó la Ley Marco, a través de la cual Barrios de Chamorro aceptó las reformas y los parlamentarios se comprometieron a que algunas disposiciones entrarían en vigencia hasta el 10 de enero de 1997, cuando se diera cambio de Gobierno.

La UNO, entre sus principales planteamientos, exigía que la reelección presidencial se anulara, pero al no contar con los 56 votos necesarios y entrar en negociaciones con el MRS, se acordó impedir la reelección inmediata y permitir únicamente un segundo período de Gobierno a las personas que ejercieron la Presidencia.

Carlos Gallo, uno de los más sobresalientes diputados del MRS en ese momento, sostuvo que su partido apoyaba la moción de la UNO de eliminar la reelección, pero fue a petición de Sergio Ramírez que esa cláusula al final fue descartada.

“Es que mirábamos que ésa era la manera de resolver el tema de Daniel Ortega Saavedra, pero el doctor Sergio Ramírez pensó que ésa era una medida extrema”, señaló Gallo.

BANCADA FSLN VENIDA A MENOS

A pesar de todo, la reforma constitucional permitió al Legislativo nombrar a importantes funcionarios públicos y con una raquítica bancada sandinista compuesta por ocho diputados, el FSLN no pudo cabildear para el nombramiento de magistrados, contralores y otros servidores.

En pocos meses, el olor sandinista fue eliminado en las instituciones del Estado, dejando a Daniel Ortega en jaque.

Tras la elección de 1996, en las que el ex alcalde Arnoldo Alemán venció a Ortega, se dio un eventual acercamiento entre ambos caudillos, que se formalizó con otras reformas constitucionales en el año 2000.

Con la nueva repartición de cargos entre liberales y sandinistas, Ortega movió una vez más sus fichas y de nuevo logró acceso al poder, teniendo ahora a Nicaragua en jaque.

LA SOMBRA DE “TOÑO”

Durante sus años de Gobierno, Violeta Barrios de Chamorro fue acusada de ser un títere de su yerno, Antonio Lacayo, a quien ella había nombrado Ministro de la Presidencia y a quien muchos reconocían como el verdadero mandatario.

Barrios de Chamorro sufrió las más infernales huelgas organizadas por el FSLN. Dos en 1990, tres en 1991, una en 1992, dos en 1993 y dos más en 1995, de acuerdo a Close en Los años de doña Violeta.

Además, sufría del descontento de un 60 por ciento de la población desocupada, según cifras de la época, sin embargo hoy el reconocimiento de los logros de esa administración la ciudadanía se los adjudica plenamente a ella.

“El éxito más importante logrado, lo más positivo del gobierno de doña Violeta fue haber logrado la paz (…) el principal error fue el problema de la propiedad”, señala Alfredo César sobre el mandato de Barrios de Chamorro.

Recordó que en 1991, cuando ejercía la presidencia del Parlamento, se presentó una propuesta de reforma a la Ley de la Propiedad, que beneficiaría a las personas que recibieron terrenos de hasta 100 metros cuadrados y a campesinos beneficiados con no más de 20 manzanas por cabeza de familia.

La ley fue aprobada, pero vetada por el Gobierno y, de acuerdo a César, faltó un voto para que los diputados a su vez rechazaran el veto.

“Ese voto le ha costado a Nicaragua mil 600 millones de dólares”, dice César.

“Me parece que ella, en alguna medida, en los momentos decisivos supo imponer su voluntad, con el tema de las reformas creo que allí hubo mucho protagonismo de ella”, sostiene Carlos Gallo respecto a Barrios de Chamorro.

“Sentó las bases para lograr una transición, con una gran habilidad, fuerza y entereza, doña Violeta hizo los cambios más dramáticos, sólo para mencionar algunos está el reordenamiento de la economía”, indica por su parte Joaquín Cuadra.

En tanto, Miriam Argüello señala la falta de pericia política que la ex mandataria tuvo durante sus años de Gobierno, al igual que la de su gabinete.

“Eso provocó una situación que no le da a doña Violeta las riendas del poder”, argumentó Argüello.

Sin embargo, la Presidenta que durante su mandato destacaba en las encuestas entre las figuras menos populares del país al lado del propio Daniel Ortega, y que comparada con presidencias posteriores de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, era evaluada con mayor dureza, en la actualidad es una de las figuras más populares, mientras Ortega, junto a Alemán, son los políticos más impopulares del país.

EL LIBRO DE “TOÑO”

En un libro que está pronto a salir, Antonio Lacayo, el ex hombre fuerte de la administración de Violeta de Chamorro, analiza la situación que la ex mandataria entregó al gobierno de Arnoldo Alemán:

“Al terminar su mandato a fines de 1996, doña Violeta dejó al presidente (Arnoldo) Alemán una Corte Suprema de Justicia de clara mayoría ‘no sandinista’. Entre sus doce magistrados se encontraban ocho ‘no sandinistas’, siendo ellos: Guillermo Vargas Sandino, Rodolfo Sandino Argüello, Fernando Zelaya Rojas, Francisco Rosales Argüello, Francisco Plata López, Julio Ramón García, Arturo Cuadra Ortegaray, y Kent Henríquez Clair, todos provenientes de los partidos de la UNO, liberales, conservadores, socialcristianos, y del gobierno de doña Violeta como el doctor Rosales. El doctor Henríquez representaba la Costa.

“En esa Corte de doce tan sólo cuatro provenían de las filas del sandinismo, tres de la línea de Sergio Ramírez que tenía control sobre la bancada sandinista al momento de su elección, y tan sólo el doctor Aguilar era leal a Daniel Ortega.

“En adición a esta clara mayoría no sandinista, el Presidente de la Corte era el doctor Vargas Sandino, hombre justo y correcto, y miembro del PLC, el mismo partido del presidente Alemán. Mejor situación no hubiera podido heredarle doña Violeta al nuevo Presidente.

“El Consejo Supremo Electoral compuesto por cinco magistrados, por su parte, quedó en manos de una mayoría igualmente ‘no sandinista’, compuesta por el licenciado Roberto Rivas, representante de la Comisión del cardenal Obando y liberal; el ingeniero Alfonso Callejas Deshon, liberal; el doctor Braulio Lanuza, conservador y tan sólo dos sandinistas, la doctora Rosa Marina Zelaya y el doctor Fernando Silva, ambos de la línea de Sergio Ramírez.

“Y en la Contraloría, doña Violeta dejó al ingeniero Agustín Jarquín como único contralor, miembro de la UNO.

“En la Asamblea Nacional, de 92 diputados en ese momento, tan sólo 8 eran los leales al FSLN presidido por Daniel Ortega. Sergio Ramírez, distanciado ya del partido sandinista, había logrado retener las lealtades de la mayoría de la bancada originalmente electa en la boleta del Frente.

“Y en las Fuerzas Armadas, los nombramientos del General Joaquín Cuadra como Comandante en Jefe del Ejército, y del comandante Fernando Caldera como Jefe Nacional de la Policía, habían simbolizado la clara autonomía que ambas instituciones habían logrado alcanzar durante esos años, al separarse lenta pero firmemente de los lineamientos partidarios en un afán por convertirse en verdaderas instituciones nacionales al servicio de los intereses supremos de la nación, por encima de intereses partidistas, como mandaba el Programa de Gobierno de la UNO.

“En suma, bien se puede afirmar que doña Violeta no sólo cumplió en su Gobierno con su promesa de instaurar la democracia en el país, sino que también logró debilitar a su mínima expresión la influencia partidaria del anterior régimen sandinista en las instituciones del Estado, llamadas en una democracia a gobernar por encima de consideraciones partidarias, y únicamente guiadas por el bien de la nación y el respeto a la Constitución y las leyes de la República”.

EL COSTO DE LA GUERRA

La lucha de la Contra costó, según Paul Oquist, más de 30 mil vidas y el doble de heridos. El daño material a las fuerzas productivas: 1,998 millones de dólares; bloqueo financiero: 642 millones; embargo comercial: 459 millones; defensa período 83-89: 1,933 millones; efecto agregado al producto nacional bruto: 4,055 millones, para un gran total de 9,087 millones de dólares.