Anne Pérez Rivera
Los 16.5 millones de córdobas presupuestados para los gastos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) “sólo sirven para que la institución exista, no para que opere”, dijo Omar Cabezas Lacayo, Procurador General de Derechos Humanos.
El 76.6 por ciento del presupuesto de esta institución se destina para el pago de salarios, mientras el restante se distribuye en el pago de alquiler del edificio y para suministros de oficinas.
“No hay para más, incluso hasta hace falta”, dijo Jorge Téllez, director administrativo-financiero de la PDDH.
La precaria situación económica que enfrenta esta institución ha llegado a tal punto que sus trabajadores tienen que viajar al ride para realizar las investigaciones en materia de derechos humanos.
“No hay viáticos para ellos”, dijo Cabezas Lacayo, quien aseguró que hace algunas semanas solicitaron un monto de siete millones de córdobas a la Asamblea Nacional.
Ese monto se utilizaría para la instalación y pago de tres nuevos procuradores especiales, para quienes aún no hay salario, ni espacio dentro del edificio de la PDDH.
EN MANOS DE DONANTES
Si no fuese por la cooperación internacional, la promoción y defensa de los derechos humanos en Nicaragua fuera un sueño porque “aquí sólo se opera por la ayuda que brindan los países nórdicos”, afirmó el procurador.
Pese a la gran ayuda que brindan los donantes, la Procuradora Especial de los Derechos Humanos de la Mujer, Patricia Independencia Obregón, afirmó que “el impasse del nombramiento del procurador, quien fue electo después de casi seis meses por la Asamblea Nacional, hizo que la cooperación también estuviera en el aire”.
La dinámica en la consecución de fondos en la PDDH es un maratón. Cada año, los miembros de esta institución deben realizar un Plan Operativo Anual para ser presentado a los donantes, dijo el director administrativo-financiero de la PDDH.
Cabezas Lacayo afirmó que el problema es la falta de interés del Gobierno por defender los derechos humanos en Nicaragua. “Debe recordarse que la Procuraduría surgió como una imposición de los países donantes que negociaban la condonación de la deuda externa a mediados de los noventa, no como una iniciativa propia del Gobierno”, dijo el procurador general, quien afirmó que denunciará esta situación ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU).
