Gustavo Ortega Campos yJosé Adán Silva
En un hecho sin precedentes, el Tribunal de Apelaciones de Managua emitió una resolución que otorga un extraordinario recurso de amparo a cuatro negocios del Mercado Oriental, propiedad de la familia Khatib, por lo que no podrán ser inspeccionados ni fiscalizados por Aduanas, el fisco ni por la Policía Económica.
La resolución sobre el recurso solicitado por el apoderado especial de los negocios, el abogado Mario Cruz Rosales, es rubricada por los magistrados Juana Méndez y Mario Barquero (sandinistas) y el liberal Noel Rivera Gadea.
Las cuatro cédulas judiciales establecen que “ha lugar” a los recursos de amparo introducidos por Textiles Saddam Internacional, Grupo Khatib Sociedad Anónima, Textiles Khatib Sociedad Anónima y Sociedad Comercial Khatib, contra la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA).
El subdirector general de Servicios Aduaneros, Ruddy Gutiérrez, calificó esta decisión como una licencia para evadir impuestos. “Es una licencia para delinquir, porque en el caso hipotético de que estos negocios traigan mercadería por encima de lo declarado, la Aduana no podrá hacer nada, igual cuando la subvalúe”.
Además, el recurso los imposibilita de realizar auditorías y resoluciones, “y si requerimos auxilio de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) de la Policía Nacional, ya no podemos hacerlo, porque tampoco podemos tener presunciones de contrabando y defraudación fiscal”.
Gutiérrez señaló que pedirán una reforma a la sentencia de amparo, “estamos tan atónitos que podemos imaginarnos que los magistados se confundieron, no leyeron bien ni se dieron cuenta de la repercusión fiscal que tendrá en el país”.
VISITAS A ALEMÁN
LA PRENSA confirmó que Ismat Tarek Khatib, representante de las empresas, visitó al reo Arnoldo Alemán, ex presidente de la república, en cinco ocasiones durante la semana del 20 al 27 de marzo, la última vez durante tres horas.
Almuhtasem Khatib, director de Textiles Saddam Internacional, dijo que no podía responder nada porque se dedicaba a la parte administrativa del negocio y remitió al periodista con su abogado, Mario José Cruz Rosales, a quien LA PRENSA buscó en su despacho y le dejó mensajes que no fueron contestados.
MÉNDEZ SE DEFIENDE
La magistrada Juana Méndez, de la Sala Civil número II del Tribunal de Apelaciones de Managua, argumentó ayer que actuó “apegada a Derecho” al emitir las resoluciones.
En las resoluciones los magistrados mandan a suspender cualquier acto de investigación sobre los negocios, así como cualquier acto o resolución de la DIE.
“Principalmente en contra de cualquier auditoría que puedan desarrollar, información complementaria que exijan para obstaculizar el auto-despacho de mercadería y/ o retención, asimismo cualquier acción en contra del cierre por presunta evasión fiscal y presunta defraudación aduanera, cierre por presunto contrabando y en contra de cualquier otra disposición administrativa y cualquier otro de investigación policial que presuma omisión de delito fiscal y/o defraudación aduanera”, dice la parte central de la cédula.
“No tengo nada que comentar, los razonamientos jurídicos están ahí planteados y no corresponde al criterio de una sola persona sino a un consenso de tres magistrados”, respondió Méndez.
Al preguntársele por qué otorgaba tanta protección a estas empresas, Méndez respondió que los abogados de los dueños del negocio presentaron las diligencias en tiempo y forma, y cumplieron las disposiciones que la ley establece para solicitar los recursos de amparo.
“Además son disposiciones temporales mientras la Sala de lo Constitucional no resuelva el fondo del asunto. Éstas son las especies de medidas cautelares para evitar que a una persona natural o jurídica se le hagan daños irreparables mientras se resuelve el fondo”, dijo Méndez
Según Melvin Estrada, subdirector de la DGI, lo que le preocupa es que les están quitando facultades que les otorgan las leyes en materia tributaria.
La legislación tributaria común, la Ley Creadora de la DGA, la Ley Creadora de la DGI, la Ley de Auto-despacho, la Ley de Equidad Fiscal y el marco jurídico regional son afectados por la medida.
El comisionado Raúl Monge, segundo jefe de la DIE, dijo que esta decisión de los tribunales les limita el trabajo cuando la DGA y la DGI les soliciten su intervención.
