- Presidente de Enacal señaladode tener a más de un familiar en puestos privilegiados
- Oficina de Ética Públicade la Presidencia detectaanomalías administrativas enla distribuidora de agua potable
Moisés Martínez
La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) padece serias irregularidades administrativas, entre las que se destaca un supuesto nepotismo de parte de sus autoridades, que provocó incluso que fuesen denunciadas ante la Comisión de Probidad y Transparencia de la Asamblea Nacional y una inspección de la Oficina de Ética Pública de la Presidencia de la República.
La denuncia fue presentada por la Red Nacional de Defensa al Consumidor ante la Comisión de Probidad y Transparencia del parlamento y en ella se indica que las autoridades de Enacal, específicamente, su presidente Luis Debayle Solís y el reciente ex miembro de la junta directiva de la empresa, Enrique Salvo Horvilleur, han usado sus influencias para colocar a familiares en puestos de dirección devengando altos salarios.
LAPRENSA tuvo acceso a una parte de la planilla de Enacal y pudo corroborar que parientes tanto de Debayle Solís como de Salvo Horvilleur, laboran en importantes cargos de la empresa.
Por ejemplo, Debayle Solís tiene en el cargo de gerente de control interno a Aldo Rappaccioli Solís, hijo de una de sus primas.
Mientras Enrique Salvo Horvilleur, quien hasta el 29 de marzo pasado era miembro de la junta directiva de Enacal, tiene trabajando a su primo Luis Bernardo Horvilleur, como gerente general de la empresa, a raíz de la salida de Alberto Avellán.
Otros dos primos de Salvo también ocupan altos cargos como Marcos Wheelock Horvilleur, actual gerente económico de la empresa y Randall José Wheelock, quien se desempeña como asesor técnico.
DESORDEN ADMINISTRATIVO
Asimismo, LA PRENSA tuvo acceso a dos cartas enviadas por María Elena Andino Pérez, de control previo de la oficina de Ética Pública de la Presidencia, el 27 de septiembre y el 9 de noviembre del 2004 respectivamente, en la que señalan varias irregularidades administrativas en la distribuidora de agua potable.
La carta de septiembre se refiere a la falta se solicitudes de empleos del mismo Debayle Solís y del gerente de operaciones, Mario Montenegro.
Asimismo, se refiere a que no existen contratos de trabajo para el mismo Debayle Solís y cuatro gerentes de la empresa, así como una ingeniera coordinadora y de Randall José Wheelock.
La carta de la oficina también se refiere a la falta de nombramientos oficiales de seis gerentes, así como la falta de la cédula de identidad de cuatro gerentes de la empresa y vicegerentes en sus respectivos expedientes laborales.
SIN TÍTULOS PROFESIONALES
La carta también se refiere a otras irregularidades serias, como que el que nueve expedientes laborales de los más altos funcionarios de la empresa no cuentan con la respectiva fotocopia de su título profesional.
El documento también menciona la ausencia de la declaración de probidad de 13 altos funcionarios de la empresa, entre los que destacan siempre el mismo Debayle, así como Denis Silva, quien fungía como gerente de Recursos Humanos de la empresa y quien autorizó por órdenes del presidente de Enacal el desembolso de más de ocho millones de córdobas para el pago de jugosas indemnizaciones laborales a decenas de dirigentes sindicales con tal de desmontar el movimiento laboral en la empresa.
La comunicación hace especial mención también del caso de Federico Solórzano Castillo, hermano del ministro de Transporte e Infraestructura, Pedro Solórzano Castillo, quien ocupa el cargo de gerente de altos consumidores, a quien se le señala de tener un mismo título de licenciado en Humanidades emitido en 1983, pero en dos universidades distintas, la UNAN- Managua y la UCA.
SEÑALAN “APOYO” A CAMPAÑA DEL PLC
En relación a la segunda carta enviada por la instancia de la Presidencia de la República el 9 de noviembre del año pasado, se sabe que en ella se señalaron otros tipos de anomalías administrativas.
En este caso se menciona préstamos monetarios a 55 funcionarios de la empresa, con rangos de directores, vice- directores y jefes de áreas a nivel central, cuyos cheques fueron endosados por los respectivos beneficiarios para posteriormente ser ingresados a los fondos para la campaña del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) durante las últimas elecciones presidenciales. Este supuesto aporte no se dio bajo la administración de Debayle, sino durante la presidencia de Arnoldo Alemán.
También se menciona problemas en relación a la venta de vehículos usados pertenecientes al “stock” de la empresa, así como se reitera en la necesidad de actualizar la declaración de probidad de los altos funcionarios de la empresa, y se hace un llamado para actualizar y mejorar el sistema de evaluación laboral para definir los incrementos salariales, dado que éstos estaban siendo aprobados en forma discrecional.
Otro punto mencionado es la sugerencia de eliminar el pago por antigüedad a varios altos funcionarios colocados en puestos de directores, subdirectores, gerentes, financieros y hasta la presidencia ejecutiva, entre otros, ya que esos pagos violentan los artículos 7 y 10 del Código del Trabajo.
Finalmente la carta se refiere a irregularidades en la gerencia de Recursos Humanos, manejada a fines del año pasado por Denis Silva, la cual pagó liquidaciones laborales a empleados que todavía continúan trabajando en la empresa o que se trasladaron a otras instituciones del Estado.
¿ANOMALÍAS NORMALES?
“Aquí vinieron bastantes de los consultores pagados por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) a desmenuzarlo todo. Tal vez había ciertas cosas raras, pero nos decían y nosotros corregíamos, aunque eso de los títulos de los muchachos para serte honesto no sé mucho, pero sé de esa carta en donde se decía que había algunos problemas con eso”, expresó Luis Debayle Solís, presidente de Enacal.
Por su parte, Ulises Somarriba, asesor legal de Enacal, mencionó que los problemas son mayores que los reflejados por los informes de Ética Pública, ya que no sólo comprenden a los altos funcionarios de la empresa.
“Hay trabajadores que incluso tenían que actualizar su ficha familiar, pero todos esos aspectos son de contexto normal y para eso se hizo esa inspectoría. Pero que si a alguien le falta una foto o le falta un título, una carta, son parte de las cosas que estamos solucionando. Son detalles que no significan un acto de corrupción o violación a las normas, más bien son detalles que se le pasaron por alto al jefe de Recursos Humanos. La inspectoría de Ética Pública dio más bien recomendaciones que se van a implementar”, finalizó Somarriba.
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