AFP
QUITO.- El Presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, cuya salida del poder exigen varios sectores nacionales, expresó anoche que su intención es solucionar la grave crisis política y judicial que afecta al país.
El mandatario dijo que ante esa situación, el pasado viernes decidió decretar el estado de emergencia en Quito, como le faculta la Constitución, en cuyo marco cesó a los 31 magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual había sido reestructurada por una mayoría legislativa afín al Gobierno, con una simple resolución, el ocho de diciembre pasado.
Al ser consultado por la prensa sobre qué le motivó a tomar las decisiones del viernes último, Gutiérrez respondió: “Solucionar el problema de la Corte Suprema de Justicia. Lamentablemente, el Congreso no lo podía hacer”.
Al decretar el estado de emergencia, que levantó al siguiente día, Gutiérrez estimó que el parlamento no ha resuelto el tema de la CSJ, “lo cual está generando una grave conmoción nacional y en especial en Quito, por lo que resulta imperioso obedecer el pronunciamiento de la ciudadanía, que rechaza el funcionamiento de la actual Corte Suprema de Justicia”.
La reestructuración de la CSJ generó que diversos sectores sociales, políticos y empresariales de oposición califiquen de “espurio y de facto” a ese máximo tribunal y de “dictador” a Gutiérrez, quien enfrenta permanentes protestas populares.
PARLAMENTO SESIONA
Pero la oposición también considera que Gutiérrez violó la Constitución al cesar a la CSJ, ante lo cual el unicameral Congreso se instaló ayer por la tarde en sesión extraordinaria y permanente para resolver sobre la validez de la destitución de los magistrados.
“La destitución de la Corte Suprema de Justicia, mediante el recurso a procedimientos contrarios a los señalados en la norma fundamental, ha venido a agravar una situación ya existente de caos político y social y de incertidumbre legal”, estimó la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE).
“Rechazamos firmemente el maltrato a la Constitución y a la división de las funciones del poder público como abierto atentado contra las bases mismas de la democracia. Los errores y las violencias no pueden ser corregidos con otros errores y con otras violencias”, agregó.
La Federación Nacional de Cámaras de Comercio también consideró que Gutiérrez “ha perpetrado una nueva y grotesca violación al orden constitucional al arrogarse atribuciones que no le confiere la Carta Política del Estado”.
Asimismo, exhortó a Gutiérrez a que “en aras a la restitución de la paz y el orden público, que se han visto severamente afectados debido a sus equivocadas y autoritarias decisiones, renuncie de manera inmediata como un gesto de ese amor a la patria que tanto promulga, pero que tan poco demuestra”.
