Apolonio Palacios
Uno de los mayores retos que enfrenta el nuevo Ministro de Educación consiste en revisar la estrategia para la descentralización de la educación, la cual tiene como uno de sus principales objetivos incorporar la educación en la agenda del desarrollo municipal y regional.
Esta estrategia, por la forma en que se ha venido implementando, constituye una amenaza a la estabilidad laboral que nos garantiza a los docentes el Artículo 36, inciso 2, de la Ley de Carrera Docente. Ésta se empezó a aplicar en el año 2004, mediante contratos que celebró el MECD con 21 alcaldías del país, sin estar reglamentado el Artículo 23 de la Ley número 290, precepto legal que regula de forma ambigua la transferencia de competencias del MECD a las personas jurídicas de carácter público.
En virtud de los contratos que celebró el MECD con las alcaldías se les está transfiriendo a las municipalidades 27 millones de córdobas, para que administren los recursos financieros que están destinados para gastos operativos y administración de recursos humanos, tanto de las delegaciones municipales como de los centros escolares que no están bajo el Régimen de Participación Educativa.
La amenaza a la estabilidad laboral de los docentes, que acarrea la municipalización de la educación, se concreta en la interpretación que están haciendo los alcaldes de las cláusulas de dichos contratos en relación a la sustitución del empleador que estipula el Artículo 11 del Código del Trabajo, institución del Derecho Laboral que se configura a partir de determinados supuestos que no concurren en la conclusión de los referidos contratos, uno de los cuales estriba en el cambio de titularidad de la empresa.
Sindicalista magisterial
