Mirna Velásquez Sevilla
Haber cumplido a cabalidad con todas las obligaciones que sus empresas tenían con el extinto Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic) y no haber hecho ningún tipo de recomendación para el otorgamiento de créditos anómalos, fue el principal alegato hecho por el diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Donald Spencer Frauemberger, procesado por el fraude a esa entidad financiera.
En un escrito introducido en el Juzgado Noveno de Distrito Penal de Managua, donde se tramita el juicio, Spencer Frauemberger, pidió al juez Edgard Altamirano dicte, a la brevedad posible, una sentencia de sobreseimiento definitivo.
Ramón Centeno, abogado defensor de Spencer, hizo la solicitud basado en una sentencia que el mismo juez Altamirano dictó en marzo pasado, en la que libró de los cargos a 22 personas acusadas de la quiebra del Banco. El diputado evadió el juicio escudándose en su inmunidad pero después de conocer el contenido de la sentencia pidió someterse al proceso, renunciando a su inmunidad.
“Don Donald Spencer Frauemberger y demás miembros de la junta directiva, entregaron el Banic totalmente saneado y después de dos años de haberse retirado mi defendido, dicho Banco colapsa y es intervenido por las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y demás organismos internacionales (…)”, refiere el escrito.
El funcionario fungió como presidente de la junta directiva del Banic. Él, junto al resto de miembros, es responsabilizado por los procedimientos irregulares en los créditos dados a diversas sociedades comerciales, algunas de ellas fantasmas y otras pertenecientes a Spencer.
La acusación señala que los préstamos personales a miembros de la junta directiva no reunieron los requisitos de ley.
“Mi defendido cumplió a cabalidad con todas las obligaciones que sus empresas tenían con el extinto Banic, deudas que hay que recalcar fueron contraídas mucho antes de que llegara a ser miembro director y presidente del extinto Banic”, argumentó la defensa.
Según Spencer, la responsabilidad de otorgar préstamos, recaía en funcionarios de la gerencia de créditos, que defendían la aprobación de éstos ante la junta directiva.
Aunque el procedimiento, aparentemente era el establecido en la ley, la Procuraduría sostiene que los préstamos se daban por recomendaciones directas de Spencer, lo que fue confirmado en marzo de 2003, por Ruth Obando Martínez, ex gerente de Crédito, afirmó que se otorgaron sin previo análisis y ordenado por Spencer.
