- Auditoría DGI detecta fugas en declaraciones sobre el IR en el parlamento
Mario José Moncada
La Dirección General de Ingresos (DGI) ampliará sus indagaciones a cada uno de los diputados propietarios y suplentes de la Asamblea Nacional, sobre el supuesto faltante en el reporte de retención del Impuesto sobre la Renta (IR) presentado por el parlamento durante los últimos cuatro años fiscales.
Esa medida la tomó la DGI tras confirmar que un número no determinado de diputados no ha pagado impuestos por los ingresos que reciben de otras fuentes, adicionales al salario que tienen como legisladores.
Róger Arteaga, titular de la DGI, confirmó ayer a LA PRENSA que luego del reparo fiscal por 60.2 millones de córdobas impuesto a la Asamblea Nacional a mediados de febrero, por no haber enterado el IR de los parlamentarios entre el 2000 y el 2004, se procedió a una extensa auditoría que, al día de hoy, “nos ha llevado a otras cosas que nos han sorprendido”.
“Hemos encontrado que hay diputados suplentes a los que nunca se les había retenido el IR, diputados titulares a los que se les había retenido el IR pero que la Asamblea Nacional no lo enteró a la DGI, y diputados que tienen otros ingresos adicionales a su salario pero que no han enterado el IR por esos ingresos”, sostuvo Arteaga.
En ese sentido, adelantó que el fisco solicitará en los próximos días a cada uno de los diputados, información sobre sus declaraciones de impuestos de los últimos años, porque “algunos no están declarando su IR por poseer o participar en otros negocios”.
No mencionó nombres por ahora, pues dijo que el proceso continuará y que al final los diputados que resulten responsables por no pagar el IR por la totalidad de sus ingresos, deben corregir su declaración de impuestos y pagar la diferencia que resulte.
En el pasado los parlamentarios han calificado como “política” la decisión de la DGI de practicar el reparo fiscal, pero Arteaga aseguró que “la DGI está actuando conforme la ley, tratando de hacer el trabajo lo mejor posible, lo que nos corresponde como administración tributaria”.
“Si un diputado sólo tiene un salario en la Asamblea Nacional, que su declaración sea por el salario de la Asamblea Nacional, pero si tiene otros ingresos, que su declaración sea entonces por su salario y por esos otros ingresos”, replicó.
DERECHO A LA DEFENSA
Por ahora la DGI abrió a pruebas al contribuyente, es decir a la Asamblea Nacional, antes de dejar en firme los ajustes del reparo conforme a la ley. Actualmente está concluyendo la auditoría y como parte de ese proceso le está solicitando información a los diputados sobre sus declaraciones de impuestos.
A juicio de Arteaga, la Asamblea Nacional es el responsable retenedor del IR, tanto de los diputados propietarios como de los suplentes, y si no lo entera, la legislación tributaria establece diversas sanciones administrativas. Pero de confirmarse el reparo, el asunto podría concluir en un cobro judicial.
No obstante, la Asamblea Nacional tiene derecho a la defensa, contestar cada uno de los resultados de la auditoría de la DGI, y solicitar un recurso de revisión ante el director general del ente recaudador.
Posteriormente, el director general de la DGI puede emitir una resolución, que tiene un recurso de apelación ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
LA PRENSA buscó sin éxito una reacción del presidente del parlamento, el diputado sandinista René Núñez, quien ha estado respondiendo a la auditoría de la DGI.
LOS PRIMEROS C$11 MILLONES
En una primera respuesta oficial al reparo fiscal impuesto por la Dirección General de Ingresos (DGI), la Asamblea Nacional ha reconocido que durante los cuatro últimos años fiscales no ha enterado, según sus registros, un total de 11 millones de córdobas en concepto del Impuesto sobre la Renta (IR) de los diputados, reveló Róger Arteaga, titular de la DGI.
No obstante, la DGI sostiene que el monto no enterado entre los años fiscales 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 y 2003-2004, ascendería a 22.1 millones de córdobas.
La cifra se ha elevado ahora a 60.2 millones de córdobas, que constituyen el reparo fiscal, al incluirse una multa equivalente al 100 por ciento de lo originalmente no enterado en IR, más un recargo por morosidad.
El año fiscal comprende del primero de julio al 31 de junio del año siguiente.
