Guillermo Cárdenas Montalván
En un contexto en el que colectivamente se busca reorientar las políticas económicas, mejorar los marcos regulatorios y apoyar una adecuada gestión pública, como condiciones para asegurar la calidad del desarrollo, la crisis de gobernabilidad es cada vez más frecuente y más profunda en nuestro país. Ya no sólo revelan desarreglos que como medida extrema podían ser resueltos con un cambio de gobierno, sino que evidencian fracturas que ponen en cuestión la supervivencia misma de los regímenes políticos. En condiciones de institucionalidad, poca visión ideológica y despolitización, la crisis de gobernabilidad en Nicaragua parece seguir una trayectoria que se inicia como crisis de moralidad, que evoluciona hacia una crisis de gestión política y finaliza como una crisis de Estado.
Los primeros síntomas de crisis de gobernabilidad se presentan cuando las acciones iniciales del Gobierno, lejos de mostrar un equipo de trabajo firme, decidido y con una idea clara de lo que se debe hacer, revela un equipo muy fragmentado en sus concepciones, incomunicado entre sí y sin ninguna orientación sobre la tarea de gobierno a cumplir. El activismo inicial del Presidente produce demasiados costos a la tarea de darle forma y ordenar la acción de gobierno. Las tareas de coordinación son muy débiles y el uso de los mecanismos institucionales de formación y coordinación de las políticas muy esporádico.
La imagen de crisis que se produce siempre supera la imagen de capacidad del Gobierno para enfrentarla. Cada intervención del Presidente o uno de sus ministros sobre la gravedad de la situación que reciben es más preocupante que la anterior. Cada problema se ve más grande que la solución que se propone. Mientras que los actores económicos expresan su disposición a hacer el sacrificio que sea necesario, al Gobierno le faltan alternativas claras para buscar una salida. En medio de la imprevisión, las decisiones de política no sólo se demoran sino que tampoco atacan los problemas de raíz. Las expectativas de inversión, producidas por el cambio de gobierno, se diluyen tan rápidamente como la disposición de los agentes a sacrificarse.
Para enfrentar los desafíos que nos impone la crisis, el país debe recuperar el sentido y contenido gubernamental del ejercicio de gobierno. Es decir, como proceso público de conducción política de la sociedad y del Estado. Eso supone una agenda que internamente promueva la reconstitución de los partidos políticos, los controles políticos y externamente promueva la integración regional en torno a la estructuración y gestión de políticas económicas y las de seguridad nacional.
El Gobierno se muestra incapaz para estructurar una estrategia definida. No hay agenda interna. Hay una multiplicidad de acciones puntuales forzadas por las circunstancias y no trazadas por una estrategia. No hay unidad de criterios, ni unidad de gestión. Las convocatorias para un acuerdo político aparecen vacías de sentido estratégico y contenido político.
Los factores externos como el aumento de los precios del petróleo y las presiones internacionales se vuelven un factor en contra del Gobierno y por ende en contra de la estabilidad económica, la cual viene a agravar la situación del gobernante, las condicionantes del FMI y del Banco Mundial son una muestra de las presiones y del arduo trabajo que les espera por delante a los funcionarios del Gobierno.
En estas condiciones, la crisis de gobernabilidad se expresa a través de la descomposición de los mecanismos de dirección y coordinación gubernamental. No se trata de una crisis de gobernabilidad producida por el quiebre del modelo de gobierno o por el estilo de gobernar. Se trata más bien de una crisis desatada por la progresiva pérdida del Presidente y su equipo de la capacidad de conducción política del Estado y la sociedad que gobierna. Es la crisis en la que los gobernantes no sólo ven disolver los instrumentos de conducción, sino también parecen perder el horizonte. Se hace evidente su incapacidad para estructurar un proyecto político que defina la trayectoria que el Estado y la sociedad deben seguir para alcanzar los objetivos deseados. Lo que en apariencia se reclama como una pérdida de liderazgo, en la realidad se revela como lo que es: una pérdida en la capacidad de conducción política.
La crisis del transporte, las alzas de energía y agua, las demandas estudiantiles, y el encarecimiento del costo de la vida, todo representa un escenario en el que las fuerzas del mercado político se muestran incapaces para asignar eficientemente los recursos en el sistema. Los aparatos represivos no pueden contener los conflictos. El virtuosismo que se le imputa a los ciudadanos y a sus organizaciones brilla por su ausencia. Las reivindicaciones populares se ahogan en un revuelto de reclamaciones de intereses a lo interno de asociaciones que contradicen la noción de interés general y la igualdad no cesa de ser una reivindicación platónica.
La tarea de la institucionalización política implica tanto el restablecimiento de los contenidos políticos de la acción de gobierno y de las políticas públicas, como la recuperación del contenido público de la acción de gobernados y gobernantes. Hay que procurar que los asuntos públicos que se deciden privadamente deben salir de la esfera privada. La política debe recuperar su carácter público y su valor como instancia de racionalización de las deliberaciones sobre los fines del Estado. La institucionalización permite restablecer estabilidad a la acción gubernamental. Sin estabilidad gubernamental no habrá estabilidad económica.
El autor es economista y Msc. en Mercadeo.
