- Inafor otorga permisos aunquereconoce que no tiene “capacidad para supervisar y monitorear”
- Equipo de LA PRENSA estestigo del desastre en las puertas de la Reserva Indio Maíz
Tatiana Rothschuh AndinoCORRESPONSAL/ RÍO SAN JUAN
Los pulmones de la Reserva Biológica Indio Maíz están sangrando. Su oxígeno, los bosques, es arrasado por motosierristas que trabajan para los proveedores de la empresa Plywood, madereros costarricenses y nicas.
La depredación de los bosques al sureste de Nicaragua se extiende más allá de la guardarraya de la Reserva y otros puntos del departamento de Río San Juan, donde la extracción y aprovechamiento de madera está autorizada por el Instituto Nacional Forestal (Inafor), sin poder ejercer control.
Una serie de irregularidades se registran en esta actividad que ha involucrado a funcionarios del Inafor, regentes, exportadores, intermediarios y beneficiarios “ilegales” de algunos permisos.
Este fenómeno, que ha permitido el avance de la frontera agrícola, es objeto de preocupación por parte de los organismos ambientales, sociedad y autoridades del departamento de Río San Juan.
Muchos han reaccionado contra el aprovechamiento que realizan los ticos, algunos con residencia nica, los que en su mayoría cuentan con aserríos en este territorio, muchos que ingresan con visa de turista y otros se cruzan el río para extraer árboles en la reserva que se extiende a lo largo del río.
De acuerdo a los permisos extendidos por el Inafor, en el período de zafra maderera, que abarca los meses de febrero y abril, se extraen alrededor de 9,000 metros cúbicos de madera, 7,000 corresponden al territorio de El Castillo y 2,000 a la zona de San Carlos, pero no se precisa cuánto extrae de madera ilegal, según el nuevo delegado distrital del Inafor, ingeniero Wilfredo Ramos Torrentes, quien en su pretensión de ordenar el sistema forestal se encuentra confrontado con los usuarios de los bosques.
Ramos reconoce que “hay un mal uso de los permisos extendidos por el Inafor, pero nosotros no podemos monitorear el ciento por ciento por la falta de recurso humano y financiero”, mientras señala que cuentan con cuatro delegados para seis municipios, más el delegado distrital, para operar en el departamento con un presupuesto de 8,000 córdobas.
El funcionario lamenta la labor desarrollada por los regentes que fueron concebidos para cumplir algunas funciones que en el marco de la ley no están al alcance del Inafor, como es la elaboración de los planes de manejo y hacer cumplir los mismos, no obstante señala que muchos de ellos se han prestado a acciones ilícitas.
“Estamos tratando de ordenar a los exportadores, así como los permisos, el hecho de que estén autorizados no significa que no podamos suspenderlos”, advirtió el funcionario.
El delegado del Inafor sostiene que esta institución “está facultada por la ley para otorgar permisos en el área de amortiguamiento, pero no para el área de la reserva, y si están cortando y sacando madera lo hacen aprovechando los permisos concedidos por el Inafor” e insiste en que no tienen “capacidad para supervisar y monitorear”.
Es evidente que la trocha ha ido avanzando cada año, en la medida que van acabando con la madera aprovechable. Así han derribado el bosque en los sectores de Laguna Blanca, El Puentón, La Esperanza II, Che Guevara, Boca de Escalera, Bijagua y ahora se encuentran en Bartola, mientras en otras direcciones los madereros nicas y ticos han tumbado los árboles en Marcelo, Laureano Mairena, Mauricio Gutiérrez, Buena Vista, Kilómetro 20, entre otros.
FINQUEROS
El señor Perfecto Rivera García es el dueño de una finca cuyo bosque es derribado. Asegura que cuenta con 180 manzanas y que ha vendido a la Plywood cuanto árbol puedan aprovechar.
Ese productor calcula que ha vendido unos 300 árboles en 450 córdobas cada uno y con los 135 mil que obtenga de la venta piensa comprar unas vaquitas, sembrar pasto, bebérselos en guaro y gastarlos en mujeres.
“Estamos a la buena de Dios y tenemos que vender el bosque para comer. A los gobiernos sólo les interesa enriquecerse entre ellos, no se acuerdan de nosotros”, se lamenta el productor.
Marvin Maltez es uno de los regentes de El Castillo y destaca que el objetivo principal que cumplen es evitar que salga madera ilegal, elaborar planes de manejo y regentar los mismos.
A su juicio, las prácticas agrícolas de los productores inciden en el exterminio de los bosques por las quemas indiscriminadas. Sostiene que iguales requisitos cumplen los madereros nicas y ticos, pero considera que sólo se debería autorizar al costarricense que tiene residencia nica.
EVASIÓN DE IMPUESTOS
El ingeniero Wilfredo Ramos Torrentes, delegado distrital del Inafor en Río San Juan, calcula que la evasión de impuestos por el corte ilegal de madera entre El Castillo y San Carlos dejó el año pasado pérdidas al Estado nicaragüense por el orden de los cinco millones de córdobas.
