Luis Felipe Palacios
El diputado Wilfredo Navarro justificó ayer que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no haya transferido los fondos que el Presupuesto General de la República destina a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) dentro de su presupuesto, institución que el parlamentario considera es la única legalmente facultada para transferir dinero a la Corte regional.
“(No se hicieron las transferencias) por los nuevos Juzgados y por los nuevos gastos que se generaron en la CSJ ante las nuevas leyes que le asignaron nuevas funciones”, señaló el diputado Navarro, quien fue apoyado por el jefe de la bancada sandinista, diputado Edwin Castro, que recordó que son las Cortes de cada país miembro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), a quienes corresponde hacer esas transferencias.
Navarro descartó que la CSJ hubiera incurrido en alguna ilegalidad, ya que en su opinión, cada Poder del Estado tiene facultad para mover su presupuesto y redestinar fondos.
El canciller Norman Caldera ha señalado que en efecto el Gobierno de Nicaragua destinó medio millón de dólares a la CCJ en función de una deuda que tiene el país con esa institución y que asciende a unos tres millones de dólares.
INVESTIGACIÓN REGIONAL
Los diputados liberales y sandinistas no descartaron impulsar una investigación regional sobre el pago realizado por el Gobierno del presidente Enrique Bolaños a los magistrados de la CCJ, previo a un fallo judicial que favoreció al Ejecutivo.
El diputado Castro dijo que estudian en qué tipo de delitos pudo haber incurrido el Gobierno de Bolaños y los seis magistrados de la CCJ, por aceptar una paga de 526 mil dólares de un Poder del Estado que no tiene competencia para ello.
Asimismo, dijo que el uso de ese dinero entregado a los magistrados de la CCJ, supuestamente para indemnizarse, viola una ley del país que expresamente dice “que no pueden ser indemnizados los funcionarios nombrados por períodos electivos o por poderes del Estado”.
Castro dijo, por tanto, que en este caso de “corrupción regional” puede intervenir la Asociación de Contralorías de Centroamérica, porque “esto no puede quedar en saco roto”.
¿PREVARICATO Y COHECHO?
El liberal Navarro, primer vicepresidente del parlamento, indicó que es ilegal que el Ejecutivo, a través de Cancillería, transfiera dinero a la CCJ, porque no es su competencia, sino de la CSJ.
“En el Derecho común, si una de las partes apoya al juez y le da X o Y cantidad de dinero, eso se llama prevaricato, además cohecho, y tiene sanciones penales”, advirtió.
