Agustín Jarquín Anaya
Con el último incremento en el precio del petróleo (57.45 dólares el barril) y con la tendencia de que llegará a 60 dólares el barril en un breve plazo, la política de “no hacer nada y dejar que las fuerzas del mercado resuelvan la crisis” —que a la fecha ha seguido el gobierno del ingeniero Bolaños— resultará en una debacle económica que no sólo afectará a los más pobres sino que disparará la inflación a más del 10 por ciento, además golpeará duramente a los sectores productivos, frenando nuestro incipiente crecimiento económico y fomentando la ingobernabilidad.
Insisto en que se cambie el enfoque oficial y se adopten medidas que amortigüen el alza del crudo, para que no se profundice más la pobreza y no se afecte tanto nuestro desarrollo. Además, ante la Cumbre Centroamericana sobre la Crisis Energética, este primero de abril, es necesario que se presenten propuestas que tengan el consenso de los trabajadores y la empresa privada, a fin de que las acciones del Plan de Emergencia Energética lo realicemos como un solo equipo nacional.
En aras del bien común y en base al artículo 52 de la Constitución Política le pido al Presidente de la República: 1) Adoptar como política de Estado no incrementar las tarifas de los servicios de electricidad y agua, y el pasaje del transporte colectivo, para no agravar más la deteriorada calidad de vida de los más pobres.
2) Realizar la compra externa y comercialización de “Combustible Genérico” o “Combustible de Bandera Blanca” —asegurando con el MEIC y el Centro Calidad y Metrología de la UNI su idoneidad química— interviniendo temporalmente y de forma directa en la cadena de suministro, como faculta el artículo 32 de la Ley de Hidrocarburos, Ley 277. Al respecto se puede convenir un acuerdo con Petronic.
3) Poner en vigencia un eficaz programa de ahorro energético, con el apoyo de universidades, sector privado, medios de comunicación y ciudadanía. Revisar y corregir las deficiencias de la metodología de entrega de exoneraciones al sector cooperativizado de transporte colectivo público, para asegurar que este beneficio llegue a la gente más pobre y fomente el desarrollo cooperativo, como es su objetivo.
4) Restringir la circulación vehicular no priorizada y desestimular la actividad industrial y comercial suntuaria, mientras prevalezca la emergencia energética. Decretar el control temporal de precios conforme el artículo 33 de la Ley 277, para el sector priorizado de usuarios (punto 1).
5) Establecer un cartel de precios y reducir los impuestos al combustible (principalmente el ISC) para el transporte colectivo público y para la industria de servicios básica productiva, de manera inversamente proporcional al incremento que experimente el valor internacional del petróleo. Instruir que las ventas de energía de la empresa estatal Hidrogesa sean para contribuir a que no se aumente la tarifa eléctrica que se aplica a los sectores priorizados.
Diputado
