Amparo Aguilera
Por lo menos en este año los incentivos forestales, plasmados en la Ley Forestal, que impulsa desde mediados de este mes el Instituto Nacional Forestal (Inafor), se mantendrán sólo en el papel a como permanecen desde el 2003.
Ovidio Reyes, director de la Oficina de Asuntos Fiscales y Económicos (OAFE) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), confirmó ayer que el Gobierno, de momento, no prevé empujar ninguna ampliación en las exoneraciones actuales.
Razón por la cual la materialización de los incentivos descritos tendrán que esperar un año más.
“Ahorita acabamos de pasar una reforma (tributaria) y creo que después de ésta va a ser difícil contemplar más (exoneraciones), porque éstas implican pérdidas de ingresos”, justificó Reyes.
El déficit fiscal, en términos generales, tras la reforma tributaria recientemente aprobaba por los diputados de la Asamblea Nacional, podría mantenerse en 2,750 millones de córdobas —de acuerdo a cálculos oficiales— siempre y cuando se tenga un buen año en las recaudaciones locales.
Sin embargo para Mario García, funcionario del Departamento de Promoción Forestal del Inafor, éste es el momento para impulsar un proceso donde el sector que representa defina el tipo de incentivos que requiere para producir más plantaciones o mantener la masa forestal ya existente.
La ley establece la exoneración del 50 por ciento del Impuesto sobre la Renta (IR) sobre las utilidades derivadas del aprovechamiento de las plantaciones registradas durante los primeros diez años.
Así como la exoneración del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sobre aquellas tierras donde se establezcan dichas plantaciones y la deducción del gasto invertido para fines del IR, a las empresas que inviertan en esas plantaciones; al igual que otra exención de pago a la maquinaria importada. Misma que esperan asociar con el pago por hectárea producida y con asistencia técnica.
